La Paz (California) — Diputados de la Cuarta Transformación en Baja California Sur levantaron la voz para pedir al gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo que deje de cargar a las familias sudcalifornianas con recibos de luz cada vez más altos durante la temporada de calor, y que se amplíe el subsidio de verano más allá del 31 de octubre.

La XVII Legislatura del Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez, mediante el cual se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Energía a revisar esta situación y ampliar el periodo de apoyo en las tarifas eléctricas domésticas.

El planteamiento parte de una realidad que miles de familias conocen bien: en Baja California Sur el calor no termina cuando acaba oficialmente el subsidio. Las altas temperaturas obligan a mantener encendidos ventiladores y aires acondicionados durante más tiempo, no por comodidad, sino por necesidad, especialmente en hogares con niñas, niños, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas.

La diputada promovente señaló que el estado atraviesa uno de los periodos más calurosos de los últimos años, situación que golpea directamente el bolsillo de las familias y aumenta el riesgo de que muchos hogares sean reclasificados a la tarifa Doméstica de Alto Consumo, conocida como DAC, una de las más costosas para los usuarios.

El exhorto también solicita que, en coordinación con el Gobierno del Estado y los cinco ayuntamientos, se impulsen programas para facilitar el acceso a paneles solares y otras tecnologías limpias, mediante financiamientos, incentivos fiscales, menos trámites y campañas de ahorro de energía.

Durante la discusión, los diputados Christian Fabrizio del Castillo Miranda y Omar Torres Orozco respaldaron la propuesta, al señalar que el calor extremo en Baja California Sur no sólo afecta la vida diaria, sino también la economía familiar.

Aunque el llamado fue aprobado, ahora la respuesta queda en manos del gobierno federal. Y ahí está el punto central: si la política pública presume que “por el bien de todos, primero los pobres”, entonces el recibo de luz en Baja California Sur no puede seguir siendo un castigo para quienes apenas logran sobrevivir al calor y a los costos de vivir en la entidad.