Un tribunal oral determinó una pena de 15 años de prisión en contra de un individuo identificado como Luis Manuel “N”, luego de que se demostrara plenamente su participación en el delito de violación en agravio de una menor de edad. El fallo condenatorio se emitió el pasado 9 de julio, durante la audiencia de continuación del juicio oral que se llevó a cabo ante el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento. Como parte de la resolución, se estableció además una indemnización de 10 mil 800 pesos, que el sentenciado deberá cubrir por concepto de reparación del daño.

Los hechos que motivaron este proceso judicial ocurrieron el 16 de febrero de 2024, al interior de una vivienda situada en la colonia El Zacatal, en San José del Cabo, donde el ahora convicto cometió la agresión sexual contra la joven víctima.

Tras la agresión, la parte afectada acudió a presentar la denuncia correspondiente, lo que dio paso a la intervención de la agencia especializada en la materia. El agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad Sexual y la Familia integró la carpeta de investigación y desplegó diversas diligencias periciales y de campo con el fin de esclarecer todos los pormenores del suceso.

Durante el desarrollo del proceso oral, el órgano jurisdiccional desahogó un amplio acervo probatorio; entre las pruebas presentadas figuraron el dictamen psicológico de la víctima y los testimonios de los comparecientes, mismos que resultaron suficientes y fehacientes para acreditar más allá de toda duda la responsabilidad penal del imputado.

Con este contundente resultado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur refrenda su inquebrantable compromiso con la procuración de justicia y la investigación puntual de los ilícitos. La dependencia subraya que estos logros son posibles gracias al esfuerzo coordinado y la sinergia entre los agentes del Ministerio Público, los peritos especializados y el personal operativo, quienes actúan de manera articulada para brindar certeza jurídica y protección efectiva a las víctimas.