La Paz (California) — Abogados y voluntarios instalaron un módulo gratuito de orientación y defensa ciudadana frente a las oficinas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de La Paz, con la finalidad de apoyar a personas afectadas por deficiencias en el suministro, cobros cuestionados y falta de respuesta institucional.

La jornada es encabezada por la gestora social Azucena Meza y se desarrolla de las 9:00 de la mañana a las 12:00 del mediodía. En el lugar se brinda asesoría jurídica en materia administrativa y acompañamiento para documentar formalmente las inconformidades de los usuarios.

Los organizadores señalaron que la iniciativa busca facilitar el acceso a mecanismos legales para quienes no presentan reclamaciones debido al desconocimiento de los procedimientos, la falta de recursos económicos o el temor de enfrentarse a la autoridad.

También cuestionaron la respuesta del gobierno municipal ante la crisis del agua, al considerar insuficiente atribuir las constantes fallas del servicio a presuntos actos de sabotaje. Sostuvieron que debe existir una relación equilibrada entre las tarifas que cubren los ciudadanos y la calidad del servicio que reciben.

Señalan rezago en la instalación de medidores

Durante la jornada se dio a conocer que el organismo operador cuenta con aproximadamente 119 mil usuarios en La Paz, pero cerca de 77 mil no disponen de un medidor para registrar su consumo.

Los asesores consideraron que esta situación dificulta conocer con precisión cuánta agua utiliza cada vivienda y limita la posibilidad de evaluar la eficiencia de las políticas públicas aplicadas por el organismo.

Otro de los puntos cuestionados fue el incremento reciente de 11 pesos en las tarifas, mediante el cual se estima una recaudación superior a los 15 millones de pesos.

Las autoridades han argumentado que los recursos serán destinados a cubrir necesidades operativas y adquirir 22 mil 500 medidores. Sin embargo, los participantes en la jornada consideraron que la medida transfiere a los usuarios el costo de un rezago administrativo acumulado durante varios años.

Falta de agua y baja presión, las quejas más frecuentes

Desde antes del inicio oficial de las actividades comenzaron a acudir ciudadanos para exponer sus casos. Entre las inconformidades más recurrentes se encuentran la baja presión, la suspensión prolongada del suministro y la falta de atención a los reportes presentados ante el SAPA.

El equipo jurídico también comenzó a recopilar testimonios relacionados con posibles cobros indebidos y procedimientos de recuperación de adeudos considerados excesivos.

Entre los casos señalados se encuentra el retiro de medidores e incluso de tramos de tubería a familias con pagos atrasados, lo que las deja sin posibilidad de acceder al suministro de agua.

Asimismo, se documentaron inconformidades por problemas en contratos, cobros por derechos de conexión y cargos por drenaje en colonias donde, de acuerdo con los denunciantes, no existe infraestructura para prestar ese servicio.

Buscarán encauzar las quejas por la vía legal

Los responsables del módulo aclararon que la actividad no se plantea como una protesta, sino como una acción pacífica de orientación, organización y defensa de los derechos ciudadanos.

A partir de la integración de expedientes, los abogados buscarán promover los recursos administrativos o legales correspondientes para solicitar que el organismo atienda cada caso y garantice un trato adecuado a los usuarios.

Las personas interesadas en recibir asesoría deberán presentar un recibo reciente del servicio de agua y una identificación oficial, documentos necesarios para acreditar la titularidad o identidad de quien interpone la queja.

(Marcelo Peláez López para Radio Caminante).