Los Cabos (California) — Después de marchas, denuncias públicas y presión de grupos ambientalistas, la Profepa finalmente descubrió lo que desde hace días se venía señalando: en el predio San Miguelito, cerca del rancho El Romerillal, en la zona de Miraflores, había irregularidades ambientales.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Baja California Sur impuso una clausura total temporal a las actividades relacionadas con el cambio de uso de suelo en terrenos forestales dentro del predio denominado San Miguelito, ubicado en la localidad de La Palma, en San José del Cabo, municipio de Los Cabos.

La medida llega luego de que ambientalistas denunciaran desmontes, remoción de vegetación, movimientos de tierra y obras en el lugar. También después de que el Ayuntamiento de Los Cabos ya había clausurado previamente el predio, por lo que la actuación federal parece más una reacción obligada que una acción oportuna.

De acuerdo con la información oficial, inspectores de Profepa acudieron al sitio el 13 de abril y detectaron trabajos de cambio de uso de suelo en una superficie aproximada de 10 mil 412 metros cuadrados, sin que se acreditara autorización de la Semarnat.

En el lugar también encontraron retiro de vegetación, alteración del terreno, almacenamiento de materiales de construcción, una edificación en obra negra, infraestructura provisional, además de un cerco de acero, alambre y portón. Es decir, no precisamente una intervención menor ni algo difícil de notar.

El predio también ha sido señalado como punto donde empleados de la empresa Frondoso presuntamente realizaban embarques de material de construcción que después sería trasladado hacia la Sierra de la Laguna, donde se ha denunciado la construcción de supuestas cabañas vinculadas a integrantes del Partido Verde Ecologista, con estructuras de acero, pese a las restricciones ambientales de la zona.

Ante la falta de permisos para realizar el cambio de uso de suelo, Profepa aplicó la clausura total temporal con base en el artículo 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La dependencia federal aseguró que continuará con las acciones de vigilancia y con los procedimientos técnicos, jurídicos y administrativos correspondientes. También informó que mantendrá supervisión permanente para proteger los ecosistemas de Baja California Sur.

Lo cierto es que, en este caso, la vigilancia llegó después de la presión social. Porque si no hubiera habido denuncias, marchas y señalamientos públicos, quizá San Miguelito seguiría avanzando entre desmontes, materiales y portones, mientras la autoridad seguía “sin encontrar” nada.