La Paz (California) — Una fuerte inconformidad se vive entre madres y padres de familia de la escuela primaria Francisco González Bocanegra, en la ciudad de La Paz, luego de que saliera a la luz la desaparición de alrededor de 60 mil pesos, dinero que habría sido recaudado mediante las cuotas de inscripción correspondientes al ciclo escolar 2024-2025.

De acuerdo con los señalamientos hechos por los propios tutores, el recurso estaba bajo resguardo de quien se desempeñaba como tesorera de la Asociación de Padres de Familia, Merary Carrión Meza, de quien, aseguran, no se tiene información clara sobre su paradero ni sobre el destino del dinero. La situación ha encendido la molestia de la comunidad escolar, al considerar que se trata de fondos que debían ser utilizados en beneficio directo del plantel y de los estudiantes.

En medio de la polémica, la dirección de la escuela emitió un posicionamiento oficial firmado por el profesor Germán Murillo Aragón, quien recientemente asumió funciones al frente del plantel. En el documento, el directivo marca distancia del caso y establece que la administración, control y custodia de esos recursos no corresponde a la escuela, sino exclusivamente a la organización de padres de familia.

Sin embargo, más allá del deslinde institucional, el problema ya tiene efectos visibles en la vida escolar. La falta de estos recursos ha impactado de manera directa en actividades que forman parte de la convivencia y tradición de la comunidad educativa, como los festivales de Navidad y primavera, los cuales han tenido que ser suspendidos. Ante la carencia económica, la escuela y los propios padres se han visto obligados a recurrir a rifas y otras dinámicas de recaudación para obtener recursos mínimos que permitan sostener algunas necesidades básicas del plantel.

Para los inconformes, el tema no puede quedar reducido a una explicación administrativa ni a un simple cruce de responsabilidades. Lo que está en juego, sostienen, no es únicamente el monto desaparecido, sino la confianza de toda una comunidad que aportó dinero con la expectativa de que sería utilizado de manera transparente para mejorar las condiciones de sus hijos en la escuela.

Por ello, exigen que la denuncia presentada no quede archivada ni se convierta en otro caso de impunidad. Demandan una investigación seria, resultados concretos y la devolución total del recurso presuntamente extraviado. Advierten que, de no haber una respuesta convincente, será prácticamente imposible volver a pedir a los padres cooperación para futuras actividades como vendimias, rifas o cualquier otro esfuerzo colectivo.

El caso ha dejado al descubierto una realidad incómoda: cuando desaparece dinero destinado a la educación, no sólo se afecta la operatividad de una escuela, también se rompe el vínculo de confianza entre padres, directivos y los organismos que se supone deben velar por el bienestar del alumnado.