La Paz (California) — Por la magnitud del dinero presuntamente desviado, el número de operaciones detectadas y la presunta participación de exservidores públicos y particulares, el caso del Instituto de Vivienda de Baja California Sur ya es visto como el primer gran escándalo de corrupción en la historia política y administrativa del estado. De acuerdo con la información oficial, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra la exdirectora del INVI, Fernanda “N” Villarreal, el exdirector de Administración y Finanzas, Juan Manuel “N”, y un particular identificado como Jonathan “N”, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en agravio de esa institución.

La resolución judicial fue emitida luego de que la Fiscalía Anticorrupción expusiera datos de prueba relacionados con una presunta red de corrupción detectada en el manejo de recursos públicos del Instituto de Vivienda durante el periodo comprendido entre noviembre de 2021 y noviembre de 2023. Según la investigación, el caso no se limita a hechos aislados, sino que forma parte de una estructura de movimientos financieros presuntamente irregulares que colocan este expediente entre los más graves que haya enfrentado Baja California Sur en materia de corrupción pública.

Uno de los elementos que más ha sacudido a la opinión pública es la dimensión económica del caso. La Fiscalía Anticorrupción informó que, al ampliar las indagatorias mediante trabajos de inteligencia patrimonial y financiera, fueron detectadas aproximadamente 3 mil 591 operaciones dentro del sistema financiero mexicano, entre transferencias y pagos electrónicos, que presuntamente habrían sido realizadas con recursos cuyo origen estaría en cuentas bancarias del propio INVI.

El monto global bajo sospecha asciende a 54 millones 876 mil 222 pesos con 64 centavos, una cifra sin precedente para un expediente de esta naturaleza en la entidad, de donde también se pagaba a periodistas en una nómina ilegal.

De manera específica, la imputación contra la exdirectora Fernanda “N” se relaciona con la presunta disposición de 762 mil pesos de recursos públicos para uso personal. En el caso de Juan Manuel “N”, exdirector de Administración y Finanzas, la acusación señala un presunto desvío de 382 mil pesos. Asimismo, al particular Jonathan “N” se le atribuye haber recibido ilícitamente 1 millón 8 pesos provenientes del recurso público.

Este caso además arrastra antecedentes que ya habían encendido alertas desde el año pasado. El 6 de febrero de 2024, un juez de control vinculó a proceso por peculado a Javier “N”, excoordinador administrativo del INVI, quien permanece en prisión preventiva justificada en el Centro de Reinserción Social de La Paz. La propia Fiscalía sostiene que las investigaciones continúan, ya que existen otras personas presuntamente relacionadas con esta red de corrupción.

Como medidas cautelares, el juez ordenó a los hoy imputados presentación periódica mensual, prohibición de salir del país sin autorización judicial, restricción para acercarse al Instituto de Vivienda y prohibición de comunicarse con víctimas, ofendidos o testigos del proceso.

Más allá del proceso penal en curso, el expediente del INVI ya dejó una marca política y social profunda en Baja California Sur. No sólo por el volumen de recursos presuntamente comprometidos, sino porque exhibe una posible operación sistemática dentro de una institución pública creada para atender una necesidad sensible: la vivienda.

En un estado acostumbrado a escándalos menores o señalamientos dispersos, este caso escala por su alcance, por los montos involucrados y por la presunta utilización del aparato público para beneficio privado.

La Fiscalía Anticorrupción reiteró que las personas vinculadas a proceso se presumen inocentes mientras no se dicte sentencia, aunque dejó claro que seguirá judicializando el caso contra quienes resulten responsables.