La Paz (California) — El caso del Instituto de Vivienda de Baja California Sur volvió a colocarse en el centro de la atención pública, luego de que la Fiscalía Anticorrupción obtuviera una sentencia condenatoria contra Juan Antonio “N” por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido comúnmente como lavado de dinero.

La resolución es considerada histórica, al tratarse de la primera sentencia emitida por un juez de Control en Baja California Sur por este delito. Sin embargo, también reabre una pregunta que sigue sin respuesta contundente: ¿hasta dónde llegará realmente la investigación en uno de los más grandes escándalos de corrupción detectados en la entidad?

De acuerdo con la información oficial, la Fiscalía Anticorrupción identificó desde inicios de 2024 una presunta red de corrupción relacionada con el manejo de recursos públicos del INVI, durante el periodo comprendido entre noviembre de 2021 y noviembre de 2023.

La sentencia fue dictada contra Juan Antonio “N”, señalado como particular y hermano de Javier “N”, exjefe del Departamento de Contabilidad del INVI, quien permanece detenido y en prisión preventiva justificada en el Cereso de La Paz.

Según la Fiscalía, Juan Antonio “N” recibió diversas transferencias de dinero realizadas por Javier “N”, recursos con los que habría adquirido un predio en la colonia Los Olivos, donde en menos de cuatro meses construyó una plaza comercial valuada en 10 millones 212 mil 701 pesos.

Como parte del procedimiento abreviado, Juan Antonio “N” aceptó su responsabilidad y fue sentenciado a 2 años y 8 meses de prisión, además del pago de la reparación del daño por más de 10.2 millones de pesos a favor del Instituto de Vivienda. Dicha reparación fue cubierta mediante la entrega del inmueble a través de escritura pública en favor del INVI.

Aunque la Fiscalía Anticorrupción presentó este resultado como un avance importante en la recuperación de bienes presuntamente obtenidos de forma ilícita, el caso sigue rodeado de fuertes cuestionamientos, principalmente porque de manera reiterada se ha señalado públicamente a la exdirectora del INVI, Fernanda Villarreal, como presunta autora intelectual del saqueo.

Hasta el momento, sin embargo, no se han informado avances judiciales que la impliquen de manera contundente en la operación central de esta red de corrupción, lo que mantiene abierta la percepción de que la investigación aún no toca a todos los niveles de responsabilidad.

La propia Fiscalía informó que el proceso penal continúa contra varias personas vinculadas al caso, entre ellas Fernanda Villarreal “N”, exdirectora del INVI; Juan Manuel “N”, exdirector de Administración y Finanzas; Javier Armando “N”, exjefe del Departamento de Contabilidad; así como los particulares Hassan “N”, Jonathan “N” y otras personas relacionadas con la investigación.

El caso INVI no solo representa un expediente penal más. Por el monto involucrado, la presunta red interna, la participación de exfuncionarios y la adquisición de bienes millonarios con recursos de origen ilícito, se perfila como uno de los escándalos de corrupción más graves de los últimos años en Baja California Sur.

La Fiscalía Anticorrupción sostuvo que continuará con las investigaciones y afirmó que no quedará impune ningún delito de corrupción. No obstante, el verdadero alcance del caso dependerá de si las indagatorias logran avanzar más allá de operadores, intermediarios o beneficiarios directos, y llegan hasta quienes presuntamente habrían diseñado, permitido o encabezado el saqueo.

Las personas que permanecen vinculadas a proceso deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.