De manera sorpresiva, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, acudió a la Ciudad de México para presumir los avances del sistema de salud en la entidad, durante una reunión de evaluación del programa IMSS Bienestar. Sin embargo, el discurso oficial contrasta con una realidad que muchas familias sudcalifornianas aseguran vivir todos los días: clínicas cerradas, falta de medicamentos y ausencia de médicos especialistas.

Durante el encuentro, el mandatario estatal destacó que IMSS Bienestar tiene presencia en los cinco municipios de Baja California Sur, a través de 67 unidades médicas. Según explicó, esta red está conformada por 58 centros de salud, cinco hospitales generales ubicados en San José del Cabo, Cabo San Lucas, Ciudad Constitución, Loreto y Santa Rosalía, además del hospital de tercer nivel Juan María de Salvatierra.

En el papel, los números suenan bien. El problema es que la salud no se resuelve con estadísticas ni con discursos en reuniones oficiales. En diversas comunidades rurales de la media península, habitantes han denunciado de manera constante que las clínicas permanecen cerradas, que no hay doctores disponibles o que simplemente no encuentran los medicamentos que necesitan.

A pesar de esas quejas, Víctor Castro presentó en la capital del país una versión mucho más optimista. Señaló que se han destinado recursos para mantenimiento, rehabilitación y equipamiento hospitalario, además de ampliar la cobertura de atención y reforzar el personal de enfermería.

Pero la pregunta obligada es: ¿en dónde se están viendo realmente esos avances?

Apenas el año pasado, el gobierno estatal hizo entrega de las llamadas “camionetitas de la salud”, unidades que, según se anunció, servirían para llevar medicamentos a los centros de salud de Baja California Sur. La promesa era acercar insumos a las comunidades y resolver parte del desabasto. No obstante, de acuerdo con las inconformidades ciudadanas, este programa no ha dado los resultados esperados y, en muchos casos, terminó quedándose corto frente a las necesidades reales de la población.

Castro Cosío también aseguró que uno de los principales logros ha sido la mejora gradual en el suministro de medicamentos y el aumento en recetas atendidas. Sin embargo, para quienes acuden a un hospital o centro de salud y salen sin medicinas, esas palabras difícilmente representan un consuelo.

“El respaldo del Gobierno de México ha sido fundamental para continuar ampliando el acceso a los servicios de salud; sin embargo, seguimos trabajando para garantizar este derecho a todas y todos los sudcalifornianos”, expresó el gobernador.

El problema es que garantizar el derecho a la salud no debe quedarse en una frase de informe. Implica que una persona enferma encuentre médico, atención oportuna, medicamentos y seguimiento. Implica que una comunidad rural no tenga que esperar días o trasladarse largas distancias para recibir una consulta básica. Implica que los hospitales no funcionen al límite ni que los pacientes tengan que comprar por fuera lo que debería proporcionar el sistema público.

Mientras el gobernador presume avances en reuniones nacionales, en Baja California Sur persiste una pregunta incómoda: ¿el sistema de salud está mejorando para la gente o sólo para el discurso oficial?

Porque una cosa es hablar de cobertura, unidades médicas y programas federales desde una mesa de evaluación en la Ciudad de México, y otra muy distinta es enfrentar la realidad de los pacientes que siguen esperando medicinas, especialistas y clínicas abiertas.