La Paz (California) — En medio de una nueva tensión política y diplomática entre México y Estados Unidos, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, salió en defensa del mandatario sinaloense Rubén Rocha Moya y cuestionó con dureza los señalamientos provenientes del extranjero, al considerar que forman parte de una estrategia de presión e intervencionismo contra autoridades mexicanas.

Las declaraciones de Castro Cosío se producen en un contexto delicado: por un lado, las acusaciones contra Rocha Moya por presuntos vínculos con el narcotráfico han sido rechazadas por el gobierno federal bajo el argumento de que no se han presentado pruebas públicas suficientes; por otro, el caso de un operativo en Chihuahua con presunta participación de agentes de la CIA ha intensificado el debate sobre los límites de la cooperación bilateral en materia de seguridad. La Fiscalía General de la República abrió investigaciones relacionadas con ese operativo y citó a declarar a personas involucradas, de acuerdo con reportes recientes. (El País)

Castro Cosío calificó como “penoso” que se difundan acusaciones sin elementos concluyentes y sostuvo que, cuando Estados Unidos enfrenta cuestionamientos por operaciones de inteligencia o presencia de agentes en territorio mexicano, recurre —según su interpretación— a señalamientos políticos para desviar la atención. En ese sentido, afirmó que las acusaciones contra Rocha Moya funcionarían como una “bomba de humo” frente a la discusión sobre la presunta intervención de agencias estadounidenses en México.

El gobernador sudcaliforniano también reivindicó su relación personal con Rocha Moya. Aseguró que no ocultará su amistad con el mandatario sinaloense por el solo hecho de que enfrente señalamientos y sostuvo que “la amistad no tiene barreras”. Sin embargo, matizó que su respaldo no implica complicidad y que cada persona debe responder por sus actos en caso de que existan pruebas o responsabilidades legales.

La postura de Castro Cosío coincide con la línea marcada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha insistido en que la soberanía nacional “no se negocia” y que la cooperación con Estados Unidos debe realizarse bajo principios de coordinación, no de subordinación. La mandataria federal también ha señalado la falta de pruebas públicas en el caso Rocha y ha llamado a la unidad nacional frente a lo que considera presiones externas. (El País)

No obstante, el posicionamiento del gobernador de Baja California Sur también abre una discusión crítica. Si bien la defensa de la soberanía es un principio central de la política exterior mexicana, el respaldo político a un funcionario señalado debe distinguirse claramente de la exigencia de investigaciones transparentes. En un Estado democrático, rechazar el intervencionismo extranjero no debería traducirse en cerrar filas automáticamente con figuras públicas sin exigir claridad, información verificable y rendición de cuentas.

Castro Cosío fue más allá y pidió a Estados Unidos “bajarle dos rayitas” a lo que calificó como agresiones contra México. En su mensaje, sostuvo que la relación bilateral no debe romperse, pero sí conducirse con respeto a la soberanía nacional. También criticó a sectores internos que, desde su perspectiva, desean que México adopte una postura subordinada frente al gobierno estadounidense.

El gobernador vinculó su postura con una visión más amplia de política internacional y expresó solidaridad con Cuba, al condenar el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos desde hace décadas. Con ello, enmarcó el caso Rocha y la presunta presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua dentro de una narrativa mayor sobre intervencionismo, presión geopolítica y defensa de la autodeterminación de los pueblos.

El punto más sensible de sus declaraciones radica en el equilibrio entre soberanía y responsabilidad institucional. La exigencia de que cualquier acusación contra autoridades mexicanas esté sustentada en pruebas es legítima; sin embargo, también lo es que los gobiernos estatales y federal expliquen con precisión qué información tienen, qué mecanismos legales se activarán y cómo se evitará que una defensa política derive en impunidad o en descalificación automática de cualquier investigación externa.

La frase juarista citada por Castro Cosío —“entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”— resume el eje de su mensaje: México debe cooperar con Estados Unidos, pero no aceptar imposiciones. El reto, ahora, será que esa defensa de la soberanía se acompañe de transparencia, debido proceso y apertura a investigaciones serias, especialmente cuando los señalamientos involucran seguridad, narcotráfico y posibles operaciones extranjeras en territorio nacional.