Los Cabos (California) — La Sierra de la Laguna vuelve a encender las alertas ambientales en Baja California Sur. Organizaciones locales denunciaron un incremento inusual en el paso de helicópteros sobre la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera, lo que ha generado preocupación por el posible traslado de materiales de construcción hacia áreas naturales que, por su valor ecológico, deberían mantenerse protegidas y libres de desarrollos inmobiliarios.

De acuerdo con la denuncia presentada por la asociación Rescate de los Pueblos, Tradiciones y su Economía ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente el pasado 2 de mayo, desde el 30 de abril de 2026 se han observado sobrevuelos constantes en la Sierra de la Laguna, presuntamente con carga pesada destinada a obras en la parte alta de la montaña. La organización afirma que existen fotografías y videos captados con teléfonos celulares que documentarían estos movimientos.

El señalamiento es grave: no se trataría de un vuelo aislado ni de una actividad esporádica. Habitantes y rancheros de la zona reportan que el helicóptero pasa y pasa durante varias horas del día, principalmente entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Según la denuncia, se estarían realizando entre 13 y 14 viajes diarios desde el punto conocido como El Romerillal, en la delegación de Miraflores, hacia la parte alta de la Sierra.

La preocupación aumenta porque, según los denunciantes, el helicóptero trasladaría materiales desde instalaciones vinculadas a una empresa llamada Frondoso. Aunque la ruta intenta mantenerse fuera de la vista, vecinos afirman que el ruido y el paso repetido de la aeronave son evidentes, hasta que se interna en la montaña y desaparece entre la zona serrana.

Organizaciones ambientalistas advierten que estos movimientos podrían estar relacionados con proyectos inmobiliarios en predios ubicados dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva. En la denuncia se señala directamente al empresario y político Jorge González Torres, ligado históricamente al Partido Verde Ecologista de México, como propietario de predios donde se buscaría intervenir el territorio. Los inconformes advierten que el uso de influencia política y económica no debe estar por encima de la protección ambiental ni del derecho de las comunidades a ser consultadas.

El caso resulta especialmente delicado porque la Sierra de la Laguna no es cualquier territorio. Se trata de una zona estratégica para el equilibrio ecológico de Baja California Sur y para la recarga de agua que sostiene a comunidades, rancherías y poblaciones desde Los Cabos hasta La Paz. Cualquier intervención en la parte alta de la Sierra podría tener consecuencias ambientales profundas, no solo para la biodiversidad, sino también para la disponibilidad de agua en la región.

La asociación también cuestionó que, mientras aumentan los sobrevuelos, no exista información pública clara sobre permisos, autorizaciones, impacto ambiental o consulta comunitaria. La pregunta central es directa: ¿quién autorizó estos vuelos, con qué finalidad y bajo qué criterios se permite trasladar materiales hacia una zona natural protegida?

El señalamiento alcanza además al ámbito político. Los denunciantes critican que el Partido Verde Ecologista, que en el discurso se presenta como defensor del medio ambiente, esté relacionado con reformas y decisiones que, según las organizaciones, pueden facilitar proyectos contrarios a la conservación. En particular, mencionan la reforma al artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, aprobada el 19 de febrero de 2026, que —de acuerdo con la denuncia— permitiría la reintroducción de especies ajenas al ecosistema en Áreas Naturales Protegidas.

La exigencia de los colectivos es que las autoridades federales, estatales y municipales actúen de inmediato. El llamado va dirigido a la Presidencia de la República, PROFEPA, SEMARNAT, CONANP, legisladores federales y locales, así como al Gobierno del Estado y a los ayuntamientos involucrados. La demanda principal es frenar los vuelos del helicóptero y cualquier intento de desarrollo inmobiliario en la zona alta de la Sierra de la Laguna.

Rescate de los Pueblos también planteó un pliego petitorio que incluye la defensa del agua como asunto de seguridad nacional, la consulta efectiva a las comunidades, la revisión de instrumentos de ordenamiento territorial y la recuperación de predios dentro de Áreas Naturales Protegidas que estén en manos de capital privado o extranjero.

Lo que está en juego no es menor. Si las denuncias se confirman, Baja California Sur estaría frente a un caso que exhibe la contradicción entre el discurso ambientalista y las prácticas de poder que buscan abrir paso a intereses inmobiliarios en zonas que deberían estar blindadas. La Sierra de la Laguna no puede quedar a merced de helicópteros que pasan y pasan, cargando materiales en silencio, mientras las comunidades se enteran por el ruido de las aspas y no por la transparencia de sus autoridades.

Las organizaciones demandan una respuesta inmediata, pública y verificable. Porque en una reserva natural, el silencio institucional también pesa. Y cuando los helicópteros no dejan de pasar, la pregunta ya no es si hay motivo de preocupación, sino por qué las autoridades no han detenido y explicado lo que está ocurriendo.