En medio de un debate cada vez más urgente sobre el impacto de la tecnología en la vida escolar, el diputado Erick Iván Agúndez Cervantes presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para regular y restringir el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos personales en planteles de educación básica y media superior de Baja California Sur.

La propuesta, impulsada por el legislador del Partido Verde Ecologista de México, plantea adicionar los párrafos segundo y tercero al artículo 81 de la Ley de Educación del Estado, a fin de que la Secretaría de Educación Pública incorpore en sus protocolos disposiciones claras sobre el uso de estos dispositivos durante la jornada escolar.

El planteamiento no es menor. En las aulas, el uso indiscriminado del celular ha dejado de ser un asunto meramente disciplinario para convertirse en un tema educativo, social y de salud mental. Distracciones constantes, menor concentración, debilitamiento de la convivencia, exposición a contenidos inapropiados y riesgos de violencia digital forman parte de una problemática que exige reglas claras y corresponsabilidad entre autoridades, docentes, estudiantes y familias.

De acuerdo con la iniciativa, la regulación busca salvaguardar el proceso de enseñanza-aprendizaje, fortalecer la convivencia escolar y prevenir conductas como el ciberacoso, la grabación o difusión no autorizada de contenidos y otras formas de agresión digital que pueden afectar la intimidad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Durante la exposición de motivos, Agúndez Cervantes advirtió que la dependencia tecnológica y el uso sin control de dispositivos electrónicos pueden incidir negativamente en el rendimiento académico, la interacción social y la salud emocional del alumnado. En ese sentido, recordó que organismos internacionales como la UNESCO han recomendado restringir el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas cuando estos interfieren con el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes.

La iniciativa establece que el uso de celulares y dispositivos personales sólo estaría permitido con fines pedagógicos autorizados por el personal docente o en casos de emergencia debidamente justificados. Al mismo tiempo, señala que cualquier protocolo deberá garantizar el respeto a los derechos humanos, la intimidad y el interés superior de la niñez.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Asuntos Educativos para su análisis y dictaminación. Ahí deberá valorarse no sólo su viabilidad jurídica, sino también su aplicación práctica en los centros escolares, donde el reto será equilibrar el uso responsable de la tecnología con la necesidad de recuperar espacios de atención, convivencia y aprendizaje efectivo.

En un contexto en el que los dispositivos móviles forman parte de la vida cotidiana de las nuevas generaciones, la discusión abierta por esta iniciativa coloca sobre la mesa una pregunta central: cómo aprovechar la tecnología sin permitir que sustituya la concentración, la convivencia y la formación integral que deben prevalecer en la escuela.