Loreto (California) – En Loreto comenzó a tomar forma una abierta resistencia ciudadana contra el decreto presidencial que busca convertir a este destino en puerto de cabotaje y de altura, una medida que ha encendido la alarma entre pescadores, prestadores de servicios turísticos, ambientalistas y habitantes que consideran que la decisión fue tomada sin consultar a la comunidad y sin dimensionar sus posibles efectos sobre uno de los entornos naturales más sensibles de Baja California Sur.

La inconformidad ya se traduce en acciones concretas. En una reunión realizada en el parque de la colonia Exploradores, ciudadanos iniciaron la recolección de firmas y acordaron impulsar protestas pacíficas y acciones de resistencia civil para frenar lo que consideran una amenaza directa al equilibrio ecológico y a la vocación turística de Loreto.

El fondo del conflicto no es menor. La llamada Capital de las Californias se encuentra dentro de una zona natural protegida, donde históricamente no se ha contemplado el desarrollo de infraestructura para cruceros o embarcaciones de gran calado. Por ello, distintos sectores advierten que el decreto federal abre una ruta riesgosa para un modelo de desarrollo que podría alterar de manera profunda el ecosistema marino y el perfil mismo del destino.

A la preocupación ambiental se suma el malestar social. Para muchos habitantes, lo más grave no es solo el contenido del decreto, sino la forma en que se dio a conocer: sin diálogo previo con la ciudadanía, sin claridad pública sobre sus alcances y en medio del silencio de autoridades e instancias que deberían estar obligadas a informar y proteger el patrimonio natural de Loreto.

La molestia crece aún más porque este nuevo escenario aparece justo cuando aumenta la preocupación por señales de deterioro ambiental en la región, entre ellas la ausencia reciente de especies emblemáticas como la ballena azul en aguas del Parque Marino de Loreto. Frente a ello, habitantes exigen explicaciones claras y demandan que se detenga cualquier intento de imponer proyectos que puedan agravar la presión sobre el ecosistema.

En contraste con el rechazo ciudadano, la alcaldesa Paz del Alma Ochoa Amador respaldó el decreto federal al afirmar que colocará a Loreto en una nueva dimensión internacional y abrirá oportunidades para la comercialización y el turismo. También sostuvo que la infraestructura de Puerto Escondido sería clave para instrumentar esta nueva etapa.

Sin embargo, esa visión oficial ha sido recibida con escepticismo por sectores locales, que ven en ese discurso una apuesta al crecimiento sin escuchar a quienes viven del mar, del turismo sustentable y de la preservación ambiental. Para ellos, presentar el decreto como una simple oportunidad económica es ignorar que Loreto no es un puerto cualquiera, sino un santuario natural cuya riqueza depende precisamente de que no se altere su equilibrio.

Por ello, ciudadanos convocaron a una nueva manifestación en la dársena a las 7 de la mañana del próximo miércoles, con el objetivo de exigir que el Ayuntamiento se coloque del lado de la comunidad y no de una decisión federal que, aseguran, pone en riesgo el futuro ambiental, turístico y social del municipio.

Lo que hoy ocurre en Loreto no es una discusión menor sobre infraestructura portuaria. Es, en el fondo, una disputa entre dos visiones de desarrollo: una que privilegia decisiones verticales y promesas de crecimiento, y otra que exige respeto al territorio, a la vocación natural del destino y a la voz de su gente. En Loreto, al menos por ahora, cada vez son más los que advierten que ese decreto no representa progreso, sino una amenaza que debe frenarse antes de que sea demasiado tarde.