La Ribera (California) — Un ingeniero civil fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de fraude agravado y administración fraudulenta, relacionados con un proyecto residencial que presuntamente fue promovido y construido sobre terreno arenoso e inestable en la comunidad de La Ribera.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur informó que Carlos “N” habría participado como director responsable de la obra y que, pese a conocer que el suelo no reunía las condiciones técnicas necesarias, presuntamente autorizó que la construcción continuara sobre una plataforma elaborada con materiales inadecuados.

De acuerdo con la investigación, las irregularidades habrían ocurrido entre septiembre de 2023 y agosto de 2024. Durante ese periodo, el imputado supuestamente continuó solicitando y recibiendo pagos de los compradores, bajo el argumento de que la torre de departamentos avanzaba conforme al proyecto.

Sin embargo, los datos de prueba señalan que las deficiencias del terreno y de la estructura habrían vuelto inviable la edificación, al grado de que el proyecto requeriría una demolición total.

Las autoridades también investigan el posible manejo irregular de los recursos entregados por las víctimas. Carlos “N” y otras dos personas previamente vinculadas a proceso presuntamente alteraron cuentas, simularon gastos y utilizaron parte del dinero para fines distintos a los autorizados.

El daño patrimonial denunciado asciende a 8 millones 739 mil 400 pesos con 22 centavos, correspondiente a las aportaciones realizadas para la construcción del complejo habitacional.

Durante la audiencia inicial, celebrada el 17 de junio, el Ministerio Público presentó los datos de prueba ante el Juez de Control, quien determinó vincular al acusado a proceso por ambos delitos.

Como medidas cautelares, el juzgador le impuso el pago de una garantía económica de 50 mil pesos, la prohibición de acercarse a las víctimas y testigos, así como la suspensión temporal del ejercicio de su profesión.

El cierre de la investigación complementaria fue fijado para el 13 de agosto de 2026, plazo en el que las autoridades deberán reunir mayores elementos para esclarecer el destino del dinero y determinar la responsabilidad de las personas involucradas.