LA PAZ (CALIFORNIA) — Ante el deterioro de la Carretera Transpeninsular y la falta de mantenimiento oportuno por parte del gobierno federal, el Ayuntamiento de Los Cabos ha tenido que intervenir nuevamente con brigadas de bacheo para reducir los riesgos que enfrentan diariamente miles de automovilistas en esta importante zona turística.

Las constantes quejas ciudadanas por los enormes hoyos en la carpeta asfáltica llegaron al Congreso de Baja California Sur, donde los diputados aprobaron un exhorto para exigir mayor atención tanto a las autoridades municipales como a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), responsable de conservar los tramos federales.

La propuesta, presentada por la diputada de Morena, María Cristina Contreras Rebollo, plantea reforzar las reparaciones de emergencia en las principales vialidades, rutas del transporte público y accesos a escuelas, hospitales y centros laborales.

Asimismo, solicita al Centro SICT en Baja California Sur intensificar los trabajos de conservación de la carretera federal en Los Cabos, establecer una coordinación efectiva con el municipio y publicar un calendario de intervenciones para informar a la ciudadanía.

El exhorto evidencia una problemática recurrente: mientras la Federación mantiene pendientes de conservación en una de las principales vías de comunicación del destino turístico, el gobierno municipal debe destinar personal y recursos para atender baches en una carretera cuya responsabilidad corresponde a la autoridad federal.

Durante la discusión, la diputada panista Lupita Saldaña Cisneros respaldó el acuerdo, pero exigió transparencia en el manejo de los presupuestos destinados a obras públicas, agua potable, bacheo y fumigación.

Por su parte, el legislador priista Christian Fabrizio del Castillo Miranda propuso ampliar las acciones de rehabilitación carretera a los cinco municipios sudcalifornianos y considerar recursos del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social (FOIS).

El deterioro de las vialidades vuelve así a colocar bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta de las autoridades, particularmente de la SICT, ante un problema que afecta la seguridad de los conductores y la movilidad cotidiana de residentes y turistas en Los Cabos.