CABO SAN LUCAS (CALIFORNIA) — Los requisitos económicos establecidos para acceder al programa de vivienda promovido por el Gobierno Federal están dejando fuera a las familias que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, advirtió la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Saldaña Cisneros.

Durante una entrevista, la legisladora sostuvo que los montos exigidos como enganche y mensualidad resultan inalcanzables para numerosos hogares de escasos recursos, lo que podría desvirtuar el objetivo social del programa y limitar el acceso a una vivienda digna para quienes más la necesitan.

Saldaña Cisneros explicó que recientemente realizó un recorrido por diversas colonias y asentamientos irregulares, donde constató las condiciones de marginación en las que sobreviven numerosas familias sudcalifornianas.

Como ejemplo, expuso el caso de Valeria, madre de cuatro menores que habita junto con su familia en una vivienda improvisada con cartón y lonas sujetadas con tachuelas. Uno de sus hijos vive con una discapacidad y requiere terapias, medicamentos y atención permanente.

El único ingreso familiar proviene del trabajo eventual del padre como albañil, por lo que, aunque existe el deseo de trasladarse a uno de los llamados “departamentos del bienestar”, la familia no cuenta con los recursos necesarios para cubrir las condiciones financieras establecidas.

De acuerdo con la diputada, para acceder a una de estas viviendas se solicita un enganche de aproximadamente 50 mil pesos, además de mensualidades cercanas a los 2 mil 600 pesos.

A estos pagos se suman los elevados gastos que enfrentan actualmente las familias que viven en zonas sin servicios públicos básicos. En algunos asentamientos no existe una red de agua potable, por lo que los habitantes deben comprar tambos de agua con un costo aproximado de 200 pesos cada uno, entre tres y cuatro veces por semana.

Esto representa un gasto de entre 700 y 800 pesos semanales únicamente para abastecerse del vital líquido, sin considerar alimentación, transporte, medicamentos, terapias y otros gastos indispensables.

“No es que las familias no quieran cambiarse; es que no tienen el dinero para hacerlo”, puntualizó Saldaña Cisneros.

La legisladora respondió así a las declaraciones atribuidas a una funcionaria federal responsable del proyecto, quien habría señalado ante el gobernador que algunos habitantes de asentamientos irregulares se negaban a trasladarse a las nuevas viviendas.

Saldaña Cisneros consideró que esa interpretación no refleja de manera completa la realidad, pues muchas familias permanecen en terrenos irregulares porque no pagan renta y porque asumir una mensualidad podría significar sacrificar la alimentación, la compra de agua o los medicamentos de sus hijos.

La diputada advirtió también que, si no se modifican las condiciones de acceso para las personas que viven en pobreza extrema, existe el riesgo de que los departamentos sean adquiridos por ciudadanos con mayor capacidad económica.

Esto podría propiciar prácticas de acaparamiento, especulación o subarrendamiento, mientras las familias que originalmente deberían ser beneficiadas continuarían viviendo en condiciones precarias.

Ante este panorama, Guadalupe Saldaña informó que su equipo de trabajo ya analiza las reglas de operación del programa para identificar posibles alternativas, excepciones o esquemas de apoyo destinados a familias en situación de alta vulnerabilidad.

Agregó que buscará establecer un diálogo con la Secretaría de Bienestar y con las autoridades responsables del proyecto, a fin de plantear mecanismos de financiamiento verdaderamente accesibles.

La legisladora subrayó que el propósito debe ser garantizar que el derecho a una vivienda digna no dependa exclusivamente de la capacidad de una familia para reunir un enganche de 50 mil pesos, sino de sus condiciones reales de necesidad.

“Tenemos que revisar el programa con responsabilidad y profundidad, para que las viviendas lleguen a quienes verdaderamente las requieren y no solamente a quienes pueden pagarlas”, concluyó.