
La senadora por Baja California Sur, Susana Zatarain, lanzó un fuerte posicionamiento en el Senado de la República al reclamar una respuesta más firme del gobierno federal ante la violencia que azota al país y al exigir que no se politice la seguridad pública, al tiempo de exigir que se llame a rendir cuentas al gobernador de la entidad, Víctor Manuel Castro Cosío.
Durante su intervención, la legisladora del PAN pidió un minuto de silencio en memoria de cuatro personas fallecidas: dos extranjeros y dos mexicanos, Pedro Román Oseguera y Manuel Méndez, a quienes reconoció por haber entregado su vida en la lucha contra el crimen.
Desde tribuna, Zatarain criticó lo que consideró un trato diferenciado hacia Chihuahua por parte del oficialismo, al señalar que no se puede actuar con criterios políticos cuando se trata de garantizar la seguridad de la población.
“Chihuahua es México”, expresó la senadora, al sostener que la Federación no puede deslindarse de su responsabilidad frente a la violencia que enfrentan distintos estados del país.
En su mensaje, también cuestionó el discurso oficial sobre la soberanía nacional y aseguró que el crimen organizado ha ganado terreno en diversas regiones, mientras el gobierno federal, dijo, ha sido omiso.
La legisladora hizo además referencia a la presencia de aeronaves militares estadounidenses en territorio mexicano a inicios de este año, señalando que su ingreso ocurrió sin el debido respeto a las facultades del Senado, y vinculó esos movimientos con acciones posteriores contra cargamentos de droga en Baja California Sur.
Zatarain también salió en defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien reconoció por su labor al frente de esa entidad, y afirmó que no tiene temor de acudir al Senado para rendir cuentas.
En ese contexto, pidió que, si se abre la puerta a comparecencias por temas de seguridad, también se cite al gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, por diversos hechos violentos registrados recientemente en la entidad.
Entre ellos, mencionó el asesinato de un subsecretario de Delitos de Alto Impacto, un caso de violencia dentro de la corporación de Seguridad Pública de Los Cabos y señalamientos sobre presunta participación de policías en desapariciones forzadas.
La intervención de la senadora sudcaliforniana elevó el tono del debate en la Cámara alta y volvió a colocar en el centro de la discusión la crisis de seguridad que enfrenta el país, así como la exigencia de responsabilidades a autoridades de todos los niveles.
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