La Paz (California) — Con una aprobación acelerada, la mayoría legislativa alineada a la Cuarta Transformación dio luz verde en Baja California Sur al llamado “Plan B” impulsado a nivel federal, una reforma que plantea cambios estructurales en la operación de los congresos locales y municipios.

Uno de los puntos centrales —y más polémicos— es la reducción del gasto legislativo, lo que en la práctica implica un recorte significativo de personal en el Congreso del Estado. La medida contempla dar de baja a asesores y empleados de confianza considerados no indispensables, con el objetivo de disminuir la nómina y ajustar el presupuesto.

El dictamen, leído por el diputado Eduardo Van Wormer Castro, incluye reformas a la Constitución federal que obligan a los estados a adecuar sus marcos legales en materia municipal, disciplina financiera y organización legislativa. Entre los cambios destacan límites al presupuesto de los congresos locales —que no deberá superar el 0.70% del gasto estatal—, así como la prohibición de privilegios en remuneraciones y prestaciones.

También se establecen nuevas reglas para la integración de ayuntamientos, garantizando paridad de género, y se prohíbe la reelección inmediata de legisladores locales.

Mientras legisladores afines a la reforma defendieron que se trata de un paso para eliminar excesos y redirigir recursos a áreas prioritarias como salud, educación e infraestructura, voces de oposición señalaron que el proceso fue apresurado y advirtieron que los cambios responden más a decisiones administrativas con tintes políticos que a una verdadera reforma electoral.

Con esta aprobación, el Congreso de Baja California Sur deberá ahora ajustar su Constitución estatal y leyes locales, en medio de un escenario donde el recorte de personal se perfila como una de las primeras acciones del denominado “Plan B”.