La Paz (California) — En una decisión que reflejó un consenso poco común entre las distintas fuerzas políticas, el Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó por unanimidad un exhorto dirigido a autoridades ambientales federales para que sometan a consulta pública los proyectos “El Arco” y “Santuario del Tío Checo” y, en caso de confirmarse riesgos ecológicos, se niegue cualquier autorización para su desarrollo.

La determinación fue tomada durante la sesión ordinaria de este jueves 25 de marzo, luego de que el pleno avalara el dictamen elaborado por la Comisión Permanente de Ecología y Medio Ambiente. El resolutivo retomó planteamientos impulsados por la diputada Karina Olivas Parra, integrando en un solo acuerdo dos asuntos que, a juicio de los legisladores, comparten una preocupación de fondo: la posible afectación a ecosistemas estratégicos y a la disponibilidad de agua en la entidad.

Con esta postura, la XVII Legislatura pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como a su representación en Baja California Sur, abrir consultas públicas en los municipios de La Paz, Los Cabos y Mulegé, además de comunidades rurales cercanas a las zonas donde se pretenden desarrollar ambos proyectos. La intención, según lo expuesto en tribuna, es que la sociedad sudcaliforniana tenga acceso a información suficiente y participe de manera directa en decisiones que podrían impactar de forma profunda el equilibrio ecológico del estado.

Uno de los puntos que más preocupación generó entre los diputados fue el proyecto minero “El Arco”, previsto en una región relacionada con el acuífero de El Vizcaíno. Durante la discusión se advirtió que esta iniciativa requeriría un consumo de agua superior a los 9 millones de metros cúbicos, volumen que podría comprometer seriamente el abastecimiento para miles de habitantes de la zona Pacífico Norte y del Valle de Vizcaíno, en el municipio de Mulegé. En un estado donde el agua es un recurso escaso y estratégico, ese dato fue suficiente para encender las alertas dentro del Congreso.

A ello se suma la ubicación del proyecto, ya que se encuentra en una zona de alto valor ecológico, cercana a espacios naturales protegidos de gran importancia, como la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno y el Área de Protección de Flora y Fauna Valle de los Cirios. Para varios legisladores, permitir una operación de gran escala en un entorno de esas características significaría abrir la puerta a daños ambientales de gran magnitud y posiblemente irreversibles.

En el caso del proyecto “Santuario del Tío Checo”, promovido en la Sierra de la Laguna, las objeciones se centraron en el cambio de uso de suelo y en la posible introducción de fauna sin estudios técnicos concluyentes. Los diputados advirtieron que cualquier alteración en esa zona debe verse con extrema cautela, ya que se trata de una de las principales áreas de recarga hídrica para los municipios de La Paz y Los Cabos. Dicho de otro modo, lo que ocurra en la Sierra de la Laguna no sólo afecta al paisaje o a la biodiversidad, sino también al futuro del agua que consumen miles de familias sudcalifornianas.

Por ello, el exhorto aprobado también fue dirigido a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), a fin de que nieguen cualquier permiso que implique peligro para la Sierra de la Laguna, para la reserva de la biosfera en Mulegé o, en términos generales, para la calidad y disponibilidad del agua en Baja California Sur.

Durante el debate legislativo, distintas voces coincidieron en que este tema rebasa partidos y colores. La diputada Lupita Saldaña Cisneros intervino para respaldar el dictamen y destacó que resultaba positivo coincidir con la mayoría legislativa de Morena y PT en una causa común: frenar proyectos que pongan en riesgo el patrimonio natural de Baja California Sur. Su postura subrayó que, cuando están en juego los recursos estratégicos del estado, la defensa del territorio debe colocarse por encima de cualquier diferencia política.

En el mismo sentido se pronunció la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez, quien manifestó su respaldo al exhorto y remarcó que el eje central de la discusión es el agua. Recordó que en Mulegé numerosas comunidades ya enfrentan severos problemas de abasto, por lo que advirtió que no puede ponerse en peligro el derecho humano al agua ni el equilibrio ecológico en beneficio de intereses económicos. Su señalamiento dejó claro que el debate no gira solamente en torno a permisos ambientales, sino a una disputa de fondo sobre el modelo de desarrollo que se quiere para Baja California Sur.

Por su parte, el legislador Fabrizio del Castillo Miranda también expresó su voto a favor y sostuvo que, en asuntos que impactan de manera directa al estado, no deben prevalecer divisiones partidistas. En su intervención, resaltó que la defensa de Baja California Sur debe asumirse como una causa común y aprovechó para reconocer la visión hidráulica del exgobernador Alberto Andrés Alvarado Arámburo.

La sesión de este jueves dejó en evidencia que existe una creciente resistencia institucional frente a proyectos considerados de alto riesgo ambiental. Más allá del lenguaje formal del exhorto, el mensaje político fue contundente: en Baja California Sur hay una oposición clara a iniciativas que puedan comprometer acuíferos, reservas naturales o zonas de recarga hídrica en una entidad donde el agua vale tanto como la vida misma.

El debate de hoy en el Congreso no fue menor. Se trató de una advertencia directa a empresas y autoridades federales de que el desarrollo económico no puede avanzar a costa de sacrificar el capital natural de los sudcalifornianos. En un estado marcado por la fragilidad de sus ecosistemas y por la permanente tensión en torno al agua, la defensa ambiental dejó de ser un discurso para convertirse en una línea política compartida por todo el pleno legislativo.