La Paz (California) — La vinculación a proceso de Javier Armando Ramírez Manjarrez alias “EL CILANTRO”, exservidor público que también tuvo paso por el Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI), vuelve a colocar bajo los reflectores uno de los episodios más escandalosos de presunto saqueo institucional en la historia reciente del estado. Aunque legalmente se mantiene la presunción de inocencia hasta que exista sentencia, los datos expuestos por la Fiscalía Anticorrupción dibujan un esquema sumamente delicado: dinero público que debía resguardarse en cuentas oficiales habría terminado en manos particulares mediante transferencias bancarias presuntamente simuladas.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía Anticorrupción del Estado, un Juez de Control del sistema penal en La Paz resolvió vincular a proceso al ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur por el delito de peculado. La resolución judicial se emitió la tarde de este miércoles y el imputado permanece interno en el Centro de Reinserción Social de La Paz, debido a que ya contaba con prisión preventiva justificada por otro asunto también judicializado por la propia Fiscalía Anticorrupción.

Según la investigación ministerial, entre el 6 de diciembre de 2019 y el 30 de septiembre de 2021 se habrían realizado 178 operaciones bancarias desde una cuenta de la Auditoría Superior del Estado. El monto total de esos movimientos asciende a 10 millones 500 mil 771.78 pesos. La acusación sostiene que Javier Armando “N”, entonces responsable del área administrativa y financiera de esa institución, habría usado un token bancario bajo su resguardo para aparentar que los recursos eran enviados a cuentas del Congreso del Estado, cuando en realidad el dinero público habría sido transferido a una cuenta perteneciente a un familiar del ahora imputado.

Ese señalamiento, por sí solo, revela la gravedad del caso. No se trata de una irregularidad menor ni de un simple error contable: lo que se describe es un mecanismo presuntamente diseñado para disfrazar el destino de recursos públicos y sacarlos del circuito institucional. Si las acusaciones se sostienen en juicio, Baja California Sur estaría frente a una de las expresiones más descaradas de corrupción administrativa, donde la confianza depositada en un funcionario de alto manejo financiero habría sido utilizada, presuntamente, para vaciar dinero de una entidad fiscalizadora y canalizarlo a intereses privados.

La Fiscalía Anticorrupción informó que reunió diversos datos de prueba con los que logró que el Juez de Control dictara el auto de vinculación a proceso por el delito de peculado, contemplado en los artículos 285 fracción I y 268 del Código Penal del Estado. La autoridad también adelantó que las indagatorias no están cerradas, pues existen otras personas presuntamente relacionadas como receptoras ilícitas del recurso desviado, por lo que podrían ser llamadas a responder ante la justicia en próximas etapas del caso.

Paso por varias dependencias públicas

La Plataforma Digital Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur registra que Javier Armando alias “EL CILANTRO” ocupó distintos cargos dentro del servicio público estatal. Entre 2013 y 2016 fungió como director de Finanzas en el Instituto de Capacitación del Estado; en 2017 aparece como docente en el DGETI 62; de 2019 a 2021 se desempeñó como director de Administración y Finanzas en la Auditoría Superior del Estado; y posteriormente laboró en el Instituto de Vivienda de Baja California Sur, donde su último cargo reportado fue como jefe del Departamento de Contabilidad, en el periodo 2021 a 2023.

Ese recorrido institucional resulta especialmente inquietante. No se trata de un funcionario improvisado, sino de una persona que tuvo acceso a áreas sensibles del manejo presupuestal en distintas dependencias. Precisamente por eso, este expediente no sólo enciende alertas sobre una conducta individual, sino también sobre las fallas estructurales en los filtros, la supervisión interna y los controles de confianza dentro del aparato gubernamental. Cuando un servidor público con responsabilidades financieras puede transitar de una dependencia a otra pese al tamaño de las sospechas o irregularidades, lo que queda en entredicho no es solamente una persona, sino el sistema entero.

Un golpe a la credibilidad institucional

El caso resulta todavía más indignante por el tipo de institución afectada: la Auditoría Superior del Estado, cuyo papel es precisamente vigilar el uso correcto de los recursos públicos. Que desde una entidad encargada de revisar cuentas y detectar desvíos se haya operado presuntamente una salida millonaria de dinero, representa un golpe demoledor para la credibilidad institucional. Es, en términos políticos y éticos, una afrenta directa al ciudadano que paga impuestos y espera que el dinero público sirva para vivienda, infraestructura, salud, educación o seguridad, no para enriquecer redes familiares o particulares.

En ese contexto, el paso posterior del hoy imputado por el INVI adquiere relevancia pública inevitable. Aunque la vinculación a proceso corresponde a hechos presuntamente cometidos en la Auditoría Superior del Estado, su presencia posterior en el Instituto de Vivienda coloca preguntas incómodas sobre los mecanismos de contratación, revisión de perfiles y vigilancia patrimonial dentro del gobierno estatal. El tema no debe ser minimizado, porque las áreas contables y financieras son precisamente donde se concentran facultades que exigen máxima transparencia.

La Fiscalía Anticorrupción reiteró que continuará con las investigaciones para ubicar a todos los posibles beneficiarios y responsables relacionados con el flujo del dinero desviado. Ese punto será clave. La sociedad sudcaliforniana no espera castigos selectivos ni expedientes a medias, sino una investigación de fondo que llegue hasta las últimas consecuencias. Si hubo familiares, prestanombres, facilitadores o cómplices institucionales, todos deben ser llevados ante la justicia.

La exigencia social: que el caso no termine en impunidad

Más allá de la formalidad judicial, este expediente representa una prueba de fuego para el combate real a la corrupción en Baja California Sur. Durante años, muchos casos de presunto saqueo público han terminado diluidos entre tecnicismos, procesos lentos o sanciones menores. Por eso, este asunto ha despertado tanta indignación: por el monto, por el método, por la institución afectada y por el perfil del exfuncionario involucrado.

Hoy la ciudadanía tiene razones de sobra para exigir resultados concretos. No basta con discursos ni consignas. Lo que la gente quiere ver es recuperación del daño patrimonial, identificación de toda la red de beneficiarios y sentencias ejemplares si las pruebas lo confirman en juicio. Porque cuando el dinero del pueblo termina en cuentas personales, no se trata solamente de un delito contable: se trata de una traición a la confianza pública.

Cabe señalar que, conforme a derecho, las personas vinculadas a proceso se presumen inocentes hasta que se dicte sentencia firme. Sin embargo, la magnitud de los hechos investigados ya coloca este caso como uno de los más severos y vergonzosos de corrupción pública que ha enfrentado Baja California Sur en los últimos años.