La Paz (California) — La instancia encargada de procurar justicia en el estado obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de un hombre identificado como José Ángel “N”, como probable responsable del delito de violación equiparada, cometido en agravio de una menor de edad. Durante la audiencia correspondiente, la autoridad judicial determinó además la medida cautelar de prisión preventiva.

Fue en la continuación de la audiencia inicial, celebrada el pasado 9 de febrero, que la Jueza de Control valoró los datos de prueba expuestos por la agente del Ministerio Público adscrita a la Subprocuraduría de Atención a Víctimas Contra la Libertad Sexual y la Familia, con sede en La Paz. La representante social logró acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, sin dejar en estado de indefensión al imputado, lo que derivó en el auto de vinculación a proceso.

Las indagatorias tuvieron su origen en 2025, cuando la madre de la víctima presentó la denuncia correspondiente ante el Centro de Justicia para las Mujeres. A partir de ese momento, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur activó los mecanismos especializados y los protocolos de investigación necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

Conforme a los registros de la carpeta de investigación, los acontecimientos se remontan a octubre de 2023, específicamente entre el día 1 y el 20 de ese mes, en horario nocturno. El imputado, quien se encontraba en un domicilio de la colonia Villas de Guadalupe, en esta capital, habría realizado tocamientos a una niña de 11 años, lo que le provocó afectaciones físicas, emocionales, cognitivas y conductuales.

Además de la prisión preventiva como medida cautelar, el órgano jurisdiccional otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, cuyo vencimiento está previsto para el próximo 4 de mayo de 2026.

La PGJE de Baja California Sur refrenda su compromiso institucional de actuar con rigurosidad ante delitos que vulneren la integridad de niñas, niños y adolescentes, así como de asegurar el acceso efectivo a la justicia y la protección integral de quienes han sido víctimas de estas conductas.