---

Un reportaje de investigación del Semanario ZETA sobre el mayor escándalo financiero del actual gobierno estatal

La administración de MORENA en Baja California Sur enfrenta el que ya es considerado el señalamiento de corrupción más grave desde el inicio del gobierno del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío. Una investigación periodística documenta un presunto esquema sistemático de desvío de recursos públicos desde el Instituto de Vivienda del Estado (INVI), utilizado —según testimonios y evidencias— tanto para fines políticos electorales como para beneficios personales de funcionarios.

El caso, revelado por el Semanario ZETA a través de una investigación del periodista Antonio Cervantes, apunta a un daño patrimonial superior a los 54 millones de pesos, con miles de operaciones financieras irregulares realizadas entre 2021 y 2023, periodo que coincide con el arranque y consolidación del actual gobierno estatal.

---

Un desfalco detectado desde los primeros meses del gobierno

De acuerdo con la investigación, las irregularidades comenzaron en noviembre de 2021, apenas dos meses después de que MORENA asumiera el poder en Baja California Sur. Los movimientos financieros atípicos se prolongaron durante 2022 y 2023, con indicios de continuidad incluso a inicios de 2024.

El caso salió a la luz oficialmente tras una auditoría interna realizada a finales de 2023. Sin embargo, los detalles más delicados emergieron gracias a la filtración de una declaración manuscrita de 23 páginas, elaborada por el entonces encargado de contabilidad del INVI, hoy recluido en prisión preventiva.

---

El mecanismo del desvío: miles de operaciones y dinero en efectivo

Peritajes financieros citados en el reportaje estiman un quebranto de $54,876,222.64 pesos, operado a través de 3,591 movimientos financieros presuntamente irregulares.

Principales modalidades detectadas:

• Retiros en efectivo:
  Al menos 191 disposiciones bancarias directas, que suman más de 20.3 millones de pesos, sin justificación operativa.
• Pagos sin soporte técnico:
  Transferencias a terceros sin relación con programas de vivienda ni expedientes administrativos completos.
• Uso político de recursos públicos:
  Parte del dinero habría sido destinado a actividades de carácter proselitista, según el testimonio del excontador.
• Gastos personales y de lujo:
  Entre ellos, la construcción o adquisición de una plaza comercial, compra de una camioneta Ford Bronco de modelo reciente, otro vehículo de alta gama, boletos de avión, dispositivos electrónicos de alta gama y gastos en viajes y vestimenta.

---

Los actores señalados en la investigación

El núcleo operativo del INVI

• Javier Manjarrez, ex encargado de contabilidad del instituto, es el único detenido hasta ahora. En su declaración reconoce su participación, pero sostiene que actuaba bajo instrucciones superiores, señalando que las operaciones relevantes requerían firmas mancomunadas.
• Fernanda Villarreal González, ex directora del INVI, es señalada como la principal operadora administrativa, presuntamente encargada de autorizar transferencias y recibir efectivo.
• Juan Manuel Reyes Cervantes, ex administrador del instituto, formaba parte del esquema de autorización de recursos.

El nivel político superior

La investigación periodística eleva los señalamientos hasta las más altas esferas del poder estatal y nacional:

• El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, a quien el testimonio del excontador atribuye solicitudes directas de dinero, incluyendo una entrega de dos millones de pesos a través de intermediarios.
• Adán Augusto López Hernández, entonces aspirante presidencial de MORENA, aparece señalado como destinatario político final de parte de los recursos desviados para fortalecer su proyecto interno rumbo a la candidatura presidencial.
• Jorge Humberto Bautista Rodríguez, subsecretario de Administración y Finanzas, es mencionado como intermediario en la recepción y traslado de dinero en efectivo.

---

El INVI como presunta “caja chica” electoral

Uno de los aspectos más delicados del reportaje es la presunta utilización del Instituto de Vivienda —una dependencia destinada a atender a sectores vulnerables— como fuente de financiamiento político.

Según el testimonio citado, los recursos se usaron para:

• Organización de eventos políticos.
• Compra de despensas y apoyos sociales con fines electorales.
• Entrega de recursos a operadores territoriales.
• Intentos de traslado de dinero en efectivo a la Ciudad de México.

La investigación subraya la relación política cercana entre el gobernador Castro Cosío y Adán Augusto López, documentando apoyos mutuos previos a la contienda interna de MORENA.

---

Avances judiciales limitados y acusaciones de justicia selectiva

Pese al volumen de evidencia mencionada —videos, grabaciones, mensajes de WhatsApp y testimonios—, la Fiscalía Anticorrupción solo ha procedido penalmente contra el excontador.

En noviembre de 2024 se vinculó a proceso a dos personas más por presunto lavado de dinero, pero no se ha judicializado ninguna causa contra ex directivos del INVI ni funcionarios de alto nivel señalados en la investigación.

Este hecho ha generado señalamientos de justicia selectiva, donde únicamente el “eslabón más débil” enfrenta consecuencias penales.

---

Un caso que compromete al discurso anticorrupción

El caso INVI representa un punto de inflexión político para la administración estatal de MORENA. Más allá del proceso legal en curso, el escándalo pone en entredicho el discurso de combate a la corrupción que llevó al partido al poder.

Mientras no se esclarezcan plenamente los hechos y se determine la responsabilidad de todos los niveles involucrados, el desvío de recursos destinados a vivienda social seguirá siendo uno de los episodios más emblemáticos de presunta corrupción institucional en Baja California Sur.

---