Loreto (California) – La decisión del gobierno federal de declarar a Loreto como Puerto de Altura y Cabotaje ha desatado una creciente inconformidad social en este destino turístico del norte de Baja California Sur, donde prestadores de servicios, organizaciones ambientalistas y habitantes han comenzado a movilizarse en defensa de la vocación natural, turística e histórica del puerto.

El malestar surgió luego de que el pasado 10 de abril la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitiera el decreto que abre la puerta a una transformación profunda del perfil portuario de Loreto, sin que hasta ahora se hayan explicado con claridad, de cara a la población, los estudios técnicos, ambientales y sociales que sustentan una decisión de tal magnitud. Para muchos loretanos, el fondo del problema no es solamente el contenido del decreto, sino la forma en que fue tomado: sin consulta, sin consenso y sin transparencia suficiente.

La reacción no tardó en extenderse entre distintos sectores de la comunidad, particularmente entre quienes dependen del turismo sustentable, la pesca deportiva, los servicios náuticos y las actividades vinculadas al atractivo natural del destino. A esa preocupación se han sumado también voces dentro del propio gobierno municipal, donde funcionarios han expresado reservas por las implicaciones que tendría este nuevo estatus portuario.

Y es que, detrás de la declaratoria, se percibe la posibilidad de impulsar infraestructura para muelles comerciales, manejo de combustibles y arribo de cruceros, un escenario que, según sus críticos, chocaría de frente con la identidad de Loreto como Pueblo Mágico y con su condición de zona inserta en el entorno del Parque Nacional Bahía de Loreto, una de las áreas naturales más valiosas del Golfo de California.

Este miércoles 22 de abril, la inconformidad ciudadana volvió a hacerse visible en el malecón de Loreto, donde decenas de personas se manifestaron con pancartas y mensajes de rechazo al proyecto impulsado desde el centro del país. Durante la protesta, los asistentes exigieron a la alcaldesa de Loreto asumir una posición firme y pública en defensa del municipio, al considerar que hasta ahora su postura ha sido tibia, ambigua y distante del sentir de la población.

El reclamo central de los manifestantes es que Loreto no puede ser tratado como un punto logístico más dentro de una estrategia nacional de infraestructura, ignorando su fragilidad ambiental, su valor turístico y su dependencia de un equilibrio ecológico que durante años ha sido su principal riqueza. En esa lógica, advierten que cualquier alteración mayor en la dinámica marítima podría traer consecuencias irreversibles para el ecosistema y para la economía local.

Uno de los temas que más inquieta a los opositores del decreto es el futuro de la ballena azul, especie emblemática que ha encontrado históricamente en aguas frente a Loreto una de sus zonas de alimentación y tránsito más importantes. La preocupación no es menor: en años recientes, su presencia se ha vuelto menos frecuente, y para muchos habitantes cualquier incremento de tráfico marítimo, ruido, combustibles o infraestructura pesada podría agravar aún más esa ausencia.

Así, lo que comenzó como una decisión administrativa desde el poder federal amenaza con convertirse en un conflicto político, ambiental y social de mayor escala en Baja California Sur. En Loreto, cada vez son más quienes sostienen que el progreso no puede imponerse destruyendo aquello que precisamente le da sentido y valor al puerto: su naturaleza, su tranquilidad y su vocación turística.