La presidenta municipal Amor Fenech Montaño afirmó que la relación laboral del imputado con el Ayuntamiento no representa ningún tipo de protección y aseguró que su administración colaborará con las autoridades. El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de detectar y atender oportunamente las señales de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.

LA PAZ (CALIFORNIA) — El feminicidio de Jessica Ocampo, ocurrido durante las primeras horas del domingo 4 de octubre en el fraccionamiento San Rafael de La Paz, generó una condena pública de la alcaldesa Amor Fenech Montaño, quien calificó el hecho como una tragedia que nunca debió ocurrir y aseguró que el gobierno municipal brindará toda la colaboración necesaria para el esclarecimiento del caso.

La presidenta municipal confirmó además que Marco Andrés “N”, señalado como probable responsable y actualmente sujeto a proceso penal, se desempeñaba como trabajador del Ayuntamiento de La Paz dentro del área de Servicios Públicos Municipales.

Fenech Montaño fue enfática al señalar que esta relación laboral no representa privilegio, protección o impedimento alguno para que el imputado responda ante las autoridades por los hechos que se le atribuyen.

“Es un hecho que no debería suceder”, expresó la alcaldesa al referirse al crimen.

La funcionaria sostuvo que el Ayuntamiento se mantendrá atento al desarrollo de las investigaciones y colaborará con las instituciones encargadas de procurar justicia, al considerar indispensable que un hecho de esta gravedad sea investigado hasta sus últimas consecuencias y no quede impune.

El caso ha provocado nuevamente una reflexión sobre la persistencia de la violencia contra las mujeres y los desafíos que enfrentan las instituciones para identificar situaciones de riesgo antes de que escalen a episodios irreversibles.

Violencia que muchas veces permanece oculta

Amor Fenech señaló que el gobierno municipal ha impulsado durante los últimos meses diferentes mecanismos para prevenir, detectar y atender la violencia de género, entre ellos la denominada Mesa Violeta, concebida como un espacio de coordinación para identificar situaciones de violencia contra mujeres en sus diferentes modalidades.

A estas acciones se suman campañas informativas y el fortalecimiento de la atención proporcionada por el Instituto Municipal de la Mujer, donde las víctimas pueden solicitar orientación y asesoría sin costo.

Sin embargo, la alcaldesa reconoció uno de los mayores obstáculos para las estrategias de prevención: numerosos episodios de violencia ejercida contra mujeres adultas, adolescentes y niñas permanecen sin ser denunciados.

Esta realidad plantea un reto que rebasa la actuación exclusiva de las autoridades. La violencia familiar y de género puede desarrollarse durante largos periodos detrás de las puertas de un domicilio, acompañada por amenazas, miedo, dependencia económica, aislamiento o dificultades para solicitar ayuda.

Por ello, casos como el de Jessica colocan nuevamente en el centro del debate la importancia de fortalecer las redes institucionales, familiares y comunitarias capaces de detectar señales de riesgo y reaccionar oportunamente.

La denuncia constituye una herramienta fundamental, pero también resulta indispensable que las víctimas encuentren instituciones preparadas para escucharlas, protegerlas y acompañarlas de manera efectiva cuando deciden solicitar ayuda.

Un reporte por violencia familiar precedió al hallazgo

De acuerdo con la información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), los hechos se registraron en un domicilio situado en las calles Fresno y Roble, en el fraccionamiento San Rafael.

Durante los primeros minutos del domingo 4 de octubre, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar después de recibir un reporte vecinal relacionado con un posible caso de violencia familiar, atendido mediante la Patrulla Violeta.

Al ingresar al inmueble fue localizado el cuerpo sin vida de Jessica.

Las primeras investigaciones establecen como hipótesis que Marco Andrés “N”, quien había sido pareja sentimental de la víctima, presuntamente la agredió físicamente y le provocó múltiples lesiones utilizando un objeto punzocontundente.

La necropsia practicada posteriormente determinó que la causa del fallecimiento fue una hemorragia masiva aguda.

Según la investigación ministerial, después de la agresión el probable responsable habría abandonado el domicilio.

Detenido horas después

A partir del hallazgo, autoridades iniciaron las diligencias ministeriales y periciales necesarias para reconstruir lo sucedido y determinar responsabilidades.

Los datos obtenidos durante las primeras actuaciones permitieron al Ministerio Público solicitar una orden de aprehensión contra Marco Andrés “N”.

El mandamiento judicial fue cumplimentado ese mismo 4 de octubre en la colonia Diana Laura, poco después de los hechos.

Como parte de la investigación, posteriormente se obtuvo una orden de cateo que fue ejecutada el lunes 5 de octubre, con el propósito de incorporar nuevos elementos a la carpeta correspondiente.

En las diligencias participaron agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, especialistas de Servicios Periciales y personal de la Unidad de Análisis.

Asimismo, ante las circunstancias familiares derivadas del crimen, intervino la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del SEDIF, que quedó a cargo de las acciones necesarias para garantizar el resguardo y protección del hijo de la víctima.

Vinculado a proceso por feminicidio agravado

Tres días después de los acontecimientos, este martes 6 de octubre, Marco Andrés “N” compareció ante un Juez de Control durante la audiencia inicial.

La Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Feminicidio presentó los datos de prueba reunidos hasta ese momento y formuló la imputación correspondiente.

Después de analizar los elementos expuestos por la representación social, el juzgador resolvió vincular a proceso al imputado por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio agravado.

También ordenó que permanezca bajo prisión preventiva oficiosa durante el desarrollo del procedimiento penal.

El Juez de Control concedió un periodo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, durante el cual ambas partes podrán incorporar nuevos datos y elementos relacionados con el caso.

La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria. Marco Andrés “N” deberá ser considerado inocente mientras su responsabilidad penal no sea determinada mediante resolución judicial definitiva.

Un caso que obliga a mirar más allá de las cifras

Más allá del proceso judicial que ahora comienza, el asesinato de Jessica vuelve a evidenciar el impacto extremo que puede alcanzar la violencia ejercida contra las mujeres.

Cada feminicidio representa mucho más que una carpeta de investigación o una estadística. Detrás existe una mujer cuya vida fue interrumpida, una familia que enfrenta una pérdida irreparable y, en este caso, un hijo que deberá afrontar las consecuencias de una tragedia que trastocó por completo su entorno familiar.

Por esa razón, la discusión pública no termina con la detención del probable responsable.

El desafío también consiste en revisar qué mecanismos pueden fortalecerse para identificar tempranamente situaciones de violencia, garantizar que las denuncias sean atendidas con rapidez y generar condiciones para que quienes viven bajo amenazas o agresiones puedan solicitar ayuda antes de encontrarse frente a un peligro mayor.

Por eso, también el Colectivo Búsqueda x La Paz, se suma a quienes han reprobado este cruel asesinato.

Las investigaciones judiciales determinarán finalmente las responsabilidades individuales en este caso. Mientras tanto, el feminicidio de Jessica deja nuevamente una pregunta que trasciende las instituciones encargadas de procurar justicia: qué más puede hacerse como sociedad para impedir que una situación de violencia llegue hasta un desenlace fatal.