Ciudad Constitución (California) – En una demostración de firmeza contra la impunidad, se alcanzó una resolución judicial de gran relevancia en la entidad. Gracias a una meticulosa investigación y a una estrategia de litigio de alta efectividad, la representación social logró que un tribunal dictara una pena privativa de libertad de 22 años y 6 meses, así como el pago de una multa equivalente a 300 días de salario, en contra de Efraín “N”, a quien se le acreditó plenamente su responsabilidad en el delito de violación equiparada con la agravante, cometido en perjuicio de una menor de edad.

El fallo condenatorio fue emitido el 12 de junio de 2026, en el desarrollo de la audiencia destinada a la individualización de la sanción y la reparación del daño. En dicha sesión, el órgano jurisdiccional dio por acreditada y admitió en su totalidad la evidencia presentada por la fiscalía.

Conforme a las constancias que integran la indagatoria, la agresión sexual se perpetró durante la tarde del 1 de febrero de 2025, en una vivienda situada en la colonia Los Pinos, en Ciudad Constitución, punto donde el ahora sentenciado consumó el ataque contra la víctima adolescente.

Este trascendente resultado, alcanzado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJE) a través de su Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia, evidencia el firme compromiso institucional con la justicia rigurosa y la protección de los grupos más vulnerables.

La dependencia estatal subrayó y enalteció la labor coordinada y multidisciplinaria de su personal, sin cuya intervención este desenlace no habría sido posible: los Agentes del Ministerio Público, por su impecable dirección jurídica y su contundente argumentación en el debate oral; los Agentes de Investigación, cuyo despliegue operativo y meticuloso levantamiento de indicios resultaron determinantes para dilucidar los hechos; y las peritos especialistas, cuyo enfoque científico, sumado a una notable sensibilidad profesional en la práctica de dictámenes, aportó las pruebas técnicas irrefutables que terminaron por sellar la responsabilidad del agresor.

Con acciones como esta, la PGJE reafirma su postura de cero tolerancia a la impunidad y su compromiso irrenunciable de garantizar justicia efectiva para todas las víctimas, priorizando siempre a la niñez y adolescencia, y aplicando con todo el rigor normativo las sanciones correspondientes a quienes atenten contra su libertad e integridad sexual.