PROFEPA RESOLVIÓ «QUE NO HAY IRREGULARIDADES QUÉ SANCIONAR», ANTE UNA DENUNCIA

A pesar de los daños que se causan al Área Natural Protegida que es la bahía de Cabo San Lucas con el arribo y anclaje de cruceros, así como la zona de marina que ha sido concesionada a la Administración Portuaria Integral (API), donde existen derrame de combustibles, la Procuraduría Federal de Medio Ambiente (PROFEPA) emitió en junio de 2015 un fallo ante una denuncia popular en donde da por cerrada cualquier observación al respecto.

PROFEPA señala que es un asunto que declaró concluido,  “ por no existir irregularidades que sancionar”, a la Denuncia Popular  del Enero del 2004, que apoyó el Ayuntamiento de Los Cabos, presentado por  un grupo de destacados ciudadanos (Ricardo Zarzoza, Cesar Ceseña, Luis Klein, Concepción Martínez, Ana Bertha Sandoval, Jorge Macías de Lara, Silvia Lupián, Aleph Alighieri, Antonio Levanos, Virgina Güereñas, Ricardo Araos, Maria Wilkes, Yolanda Cortez,  Martha Moctezuma y muchos otros destacados activistas locales) representadas  por Matthew William Parr Bennett, como representante común,  en contra del hecho de la concesión de el total de el Area Natural Protegida de Cabo San Lucas a API Fonatur, porque se derramaban aguas negras a la bahía, y que ahí en la bahía tiraban sus anclas estos barcos, todo en contravención al decreto original que dice:

“En esa región se llegan a producir movimientos de arena de cierta magnitud a través de los TERRITORIOS del cañon submarino y finalmente se producen espectaculares cascadas de arena en el fondo del mar”.

Estos fenómenos que ocurren espontáneamente ocasionan que se pretenda declarar que esta zona sea un refugio submarino en donde se conserve con toda originalidad este espectáculo, ya que pudiera llegar a producirse una destrucción parcial de este verdadero laboratorio natural. «Ademas, este refugio permitirá estudiar los procesos submarinos de erosión en los cañones en el fondo del mar y asimismo, que no se capturen peces y otros organismos que complementan el belleza del lugar y los cuales forman un ecosistema muy peculiar. Por lo tanto, esta área debe quedar libre de explotación pesquera a fin de que se convierte e un gran atractivo turístico.”

En su momento esta denuncia ciudadana atrajo atención nacional e internacional, cuando fue publicada en el 19 de sept 2005. En resumen, por el Secretario General de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental, Ramon Ojeda Mestre, quien señaló: “Empieza a ser desesperante que la población, la gente, los ciudadanos, nosotros mismos, tengamos que recurrir a los medios de comunicación en lugar de las instancias oficiales pues resulta mas eficaz el poder de la prensa que el de la gestión ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE. Por eso me preocupa la denuncia que Ricardo Romero Franco de Baja California Sur me ha enviado con la suplica de que la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental intervenga.”

No obstante esta intervención de la Corte de Arbitraje Internacional, en su momento, su denuncia por los ciudadanos agrupados y representadas por Matthew w Parr, la cual  peleó  Parr y su organización, Defensores de la Bahia y después Los Cabos Coastkeeper, A.C. por  mas que 12 años, el área protegida de Cabo San Lucas sigue concesionado indebidamente, según el opinión de Parr y su grupo de ciudadanos y el Ayuntamiento, a API Fonatur, “porque es el Area Natural mismo el que debe recibir los beneficios económicas de esta, no API Fonatur”.

Llama la atención este caso de defensa del patrimonio natural histórico del pueblo de Cabo San Lucas, porque en unión, el Cabildo VIII Ayuntamiento de los Cabos (presidido por Ulises Omar Ceseña Montaño, y un grupo de ciudadanos, juntos, trató de defender su patrimonio natural histórico en contra de intereses foráneos netamente comerciales.