
La Paz (California) — En momentos en que la inteligencia artificial comienza a transformar las actividades laborales en todo el mundo, el diputado de Morena, Eduardo Van Wormer, presentó ante el Congreso de Baja California Sur una iniciativa para imponer restricciones legales a la utilización de esta tecnología en las instituciones públicas, bajo el argumento de impedir que las máquinas terminen desplazando el trabajo humano.
La propuesta contempla modificaciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, con el propósito de proteger a más de 20 mil empleados de la burocracia sudcaliforniana frente al avance de los sistemas automatizados y los algoritmos que podrían sustituir determinadas funciones administrativas e intelectuales.
El legislador sostiene que la inteligencia artificial debe mantenerse como una herramienta auxiliar y no convertirse en un mecanismo que permita reemplazar trabajadores, reducir sus responsabilidades o tomar decisiones que afecten sus derechos laborales.
Para ello, plantea reformar el artículo 13 de la legislación burocrática, estableciendo que ninguna actividad física o intelectual desempeñada por los servidores públicos pueda ser sustituida por sistemas de inteligencia artificial o algoritmos.
Asimismo, propone modificar el artículo 15 para invalidar aquellas condiciones laborales que permitan a las instituciones utilizar estas tecnologías en procedimientos de contratación, evaluación del desempeño, promociones escalafonarias, aplicación de sanciones o despidos.
En cuanto al artículo 44, la iniciativa busca incorporar nuevas obligaciones para las dependencias gubernamentales, prohibiéndoles emplear herramientas automatizadas para determinar la asignación de tareas y resolver asuntos relacionados con la permanencia, evaluación y desarrollo laboral de sus trabajadores.
Bajo este planteamiento, los responsables de las áreas administrativas, incluidos directores y subdirectores, tendrían un papel relevante en la supervisión del cumplimiento de las restricciones. Sin embargo, el alcance de las reformas descritas se concentra principalmente en evitar la sustitución del personal y el uso de algoritmos en decisiones laborales, más que en establecer una prohibición absoluta de cualquier herramienta de inteligencia artificial.
Van Wormer, quien también preside la Mesa Directiva del Congreso, argumentó que las políticas públicas deben privilegiar la capacitación permanente de los servidores públicos para que puedan adaptarse a las nuevas tecnologías, sin que estas representen una amenaza para sus fuentes de empleo.
La iniciativa abre, sin embargo, un debate inevitable: mientras empresas, universidades y administraciones públicas de numerosos países incorporan inteligencia artificial para agilizar trámites, analizar información y mejorar sus servicios, en Baja California Sur se plantea establecer límites legales a su utilización dentro de las relaciones laborales gubernamentales.
El desafío será encontrar un equilibrio entre la legítima protección de los derechos de los trabajadores y la necesidad de modernizar una administración pública que también enfrenta exigencias de mayor rapidez, eficiencia y calidad en la atención ciudadana.
Porque una cosa es impedir que un algoritmo decida arbitrariamente sobre el empleo de una persona y otra muy distinta sería cerrar las puertas a herramientas tecnológicas capaces de facilitar el trabajo cotidiano de miles de servidores públicos.
La propuesta deberá ser analizada por el Poder Legislativo sudcaliforniano, donde corresponderá determinar hasta dónde deben llegar las restricciones y cómo garantizar que la defensa del empleo público no termine convirtiéndose en un obstáculo para la innovación tecnológica en las instituciones del estado.
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