¡A nadie se debe meter a la fuerza a un ANEXO!


La Paz (California) — El procurador de Justicia de Baja California Sur, Antonio López Rodríguez, advirtió que ingresar a una persona contra su voluntad a un centro de rehabilitación, sin justificación médica o legal, puede constituir el delito de privación ilegal de la libertad.

El funcionario explicó que los tratamientos contra las adicciones deben realizarse mediante el consentimiento voluntario del paciente. En aquellos casos donde la familia decida por él, es indispensable contar con un dictamen médico que acredite su incapacidad para tomar decisiones.

Precisó que, aun cuando el internamiento tenga como finalidad ayudar a una persona a superar sus adicciones, restringir injustificadamente su libertad de tránsito puede generar consecuencias penales.

Como antecedente, recordó el cateo efectuado el pasado 9 de octubre en el centro de rehabilitación Albergue María Loreto León Beltrán, ubicado en San José del Cabo, donde 29 personas decidieron abandonar las instalaciones tras la intervención de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), derivada de una denuncia anónima.

López Rodríguez reconoció la importancia de los centros de rehabilitación y del respaldo familiar durante los tratamientos, pero señaló que también se han investigado casos de abusos contra la integridad física y la libertad de los pacientes.

Finalmente, aclaró que la privación ilegal de la libertad se distingue del secuestro por sus características legales y añadió que, ante reportes de posibles levantones, las autoridades activan inmediatamente el protocolo de Código Rojo para atender la emergencia.


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