CABO SAN LUCAS (CALIFORNIA) — Un contrato para la fabricación e instalación de trabajos de carpintería en un desarrollo hotelero de Cabo San Lucas derivó en un proceso penal contra Jorge Humberto “N”, señalado por su probable responsabilidad en el delito de fraude específico, luego de que la empresa contratante denunciara un presunto incumplimiento que le habría ocasionado importantes pérdidas económicas.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur informó que, durante una audiencia inicial celebrada el pasado 7 de octubre, un juez de control determinó vincular a proceso al imputado, al considerar suficientes los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público para continuar con la investigación.

Contrato superior a los 18 millones de pesos

Según los antecedentes de la carpeta de investigación, el 3 de julio de 2024, Jorge Humberto “N”, en representación de una compañía especializada en carpintería, formalizó un acuerdo comercial con una empresa de asesoría corporativa para suministrar, elaborar e instalar diversos componentes de madera destinados a un complejo hotelero en Cabo San Lucas.

El convenio establecía un monto de 18.6 millones de pesos, más impuestos, e incluía la entrega de un anticipo del 50%, por un total de 10 millones 788 mil pesos, cantidad que fue depositada el 11 de julio de ese mismo año.

Los trabajos contratados debían completarse en un periodo de seis meses.

La obra apenas registraba un avance del 17.36%

Sin embargo, de acuerdo con la investigación ministerial, al llegar mediados de enero de 2025, fecha en la que ya debía haberse cumplido el compromiso contractual, los trabajos presentaban un avance de apenas 17.36%.

El valor de las labores realizadas se estimó en poco más de 3.2 millones de pesos, cifra considerablemente inferior al anticipo entregado por la empresa contratante.

Esta situación habría provocado una afectación económica a la parte denunciante, dando origen a la investigación por el presunto delito de fraude específico.

Cuatro meses para concluir la investigación

Tras examinar los elementos presentados por la representación social, la autoridad judicial resolvió que Jorge Humberto “N” deberá enfrentar el proceso penal correspondiente y concedió un plazo de cuatro meses para desarrollar y concluir la investigación complementaria.

Durante ese periodo, el Ministerio Público continuará reuniendo pruebas y practicando las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del caso y determinar el alcance de la presunta afectación patrimonial.

La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria, por lo que el imputado conserva su presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial definitiva.