• El diputado Erick Agúndez Cervantes presentó una iniciativa para sancionar a instituciones educativas que retrasen, obstaculicen o condicionen la entrega de documentos académicos mediante cobros o requisitos no autorizados.

La Paz (California) — Con el propósito de proteger los derechos de estudiantes y egresados, el diputado Erick Agúndez Cervantes propuso modificar la Ley de Educación del Estado para establecer sanciones económicas contra instituciones y prestadores de servicios educativos que impidan o retrasen injustificadamente la tramitación de títulos profesionales, certificados, diplomas y constancias de conclusión de estudios.

Durante la sesión del Congreso del Estado celebrada el martes 3 de noviembre, el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa para ampliar el catálogo de infracciones contempladas en los artículos 137 y 138 de la legislación educativa estatal.

La propuesta establece multas de entre 1,001 y 7,000 veces el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) (entre 117 y 800 mil pesos) para quienes incumplan con sus obligaciones en la expedición y tramitación de documentos académicos.

Agúndez Cervantes explicó que existen antecedentes de estudiantes egresados de universidades privadas que han tenido que recurrir a juicios de amparo debido a obstáculos administrativos impuestos por las propias instituciones para obtener sus documentos oficiales.

En ese sentido, hizo referencia a resoluciones judiciales que han protegido el derecho de los egresados a ejercer libremente una profesión, reconocido en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La reforma busca considerar como infracción la omisión de trámites para obtener certificados, constancias, diplomas o títulos de quienes hayan concluido satisfactoriamente sus estudios, así como condicionar dichos procedimientos a pagos adicionales o exigencias que no estén contempladas en los planes y programas autorizados.

Con esta medida se pretende evitar que disposiciones administrativas internas o cobros injustificados se conviertan en obstáculos para que los egresados acrediten su preparación académica y puedan incorporarse al mercado laboral o continuar su formación profesional.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Educativos del Congreso de Baja California Sur, donde será analizada y dictaminada antes de una eventual discusión y votación ante el pleno legislativo.

De aprobarse, la reforma incorporaría nuevas obligaciones y sanciones para los prestadores de servicios educativos, con la finalidad de garantizar que los procedimientos de certificación y titulación se desarrollen conforme a la legislación vigente.