LOS CABOS (CALIFORNIA) — Un hombre identificado como Nicolás “N” fue condenado a 10 años de prisión tras ser declarado culpable del delito de violación equiparada agravada, cometido en perjuicio de una niña en la comunidad de Santiago, municipio de Los Cabos. La resolución fue emitida por unanimidad por un Tribunal de Enjuiciamiento, luego de valorar las pruebas presentadas durante el juicio oral.

De acuerdo con los antecedentes del caso, los hechos ocurrieron durante 2019 en un domicilio de la ranchería Agua Caliente, perteneciente a la delegación de Santiago. Las investigaciones establecieron que las agresiones sexuales tuvieron lugar entre el 8 de julio y una fecha anterior al 26 de agosto de ese mismo año.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur informó que el procedimiento judicial se desarrolló mediante diversas audiencias celebradas los días 2, 5, 6, 7 y 8 de octubre de 2026.

Durante el juicio, la representación del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra la Libertad Sexual y la Familia, expuso ante los integrantes del tribunal los elementos probatorios reunidos durante las investigaciones.

Tras analizar las pruebas y los argumentos presentados, los jueces determinaron de manera unánime la responsabilidad penal de Nicolás “N”, por lo que dictaron el correspondiente fallo condenatorio.

Como resultado de esta determinación, el responsable recibió una pena de 10 años de prisión, además de una multa equivalente a 100 días, conforme a lo establecido en la resolución judicial.

En cuanto a la protección y recuperación de la víctima, también se dispuso su canalización a las instituciones competentes para que reciba atención psicológica especializada, así como el seguimiento necesario para procurar su bienestar emocional.

Finalmente, la institución encargada de la investigación reiteró que continuará con las acciones legales dirigidas a combatir los delitos sexuales, particularmente aquellos que afectan a niñas, niños y adolescentes, además de promover mecanismos de acompañamiento y atención integral para las víctimas.

El caso concluye con una sentencia condenatoria por hechos ocurridos hace más de siete años, mientras que las medidas de atención psicológica buscan contribuir a la recuperación de la menor afectada.