Ciudad Constitución (California) — Un hombre identificado como Carlos “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de fraude específico, luego de ser señalado por presuntamente vender un vehículo del que no era propietario y recibir por la operación 126 mil pesos.

La resolución fue emitida durante una audiencia inicial celebrada el pasado 19 de agosto en el Centro de Justicia Penal de Ciudad Constitución, informó posteriormente la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, los hechos se remontan al 6 de octubre de 2024, cuando la persona afectada realizó un acuerdo de compraventa con el imputado en un domicilio ubicado en la colonia 4 de Marzo, en esta cabecera municipal.

La víctima habría entregado 126 mil pesos a Carlos “N” por la adquisición de un automóvil Nissan March, tipo sedán, modelo 2020, color gris.

Sin embargo, durante las investigaciones se estableció que el ahora imputado presuntamente no tenía derecho legal para disponer de la unidad, debido a que el vehículo no era de su propiedad.

Tras recibir la denuncia correspondiente, personal de la Unidad de Investigación de Delitos Diversos inició las diligencias para reunir información y elementos de prueba relacionados con la posible participación de Carlos “N” en los hechos denunciados.

Con los datos presentados durante la audiencia, el agente del Ministerio Público solicitó al Juez de Control que el imputado quedara sujeto a proceso penal.

Luego de analizar los argumentos y elementos expuestos por la representación social, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Carlos “N” por el delito de fraude específico.

Asimismo, el Juez de Control estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público podrá continuar recabando pruebas antes de avanzar a las siguientes etapas del procedimiento penal.

La investigación continuará para determinar la responsabilidad jurídica del imputado, quien deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad competente.