¡Pelean ricos de San José del Cabo!


Un juez de control determinó vincular a proceso a Amber “N” como presunta responsable de los ilícitos de robo simple y amenazas, luego de que el representante social acreditara, con elementos probatorios suficientes, la posible participación de la imputada en los hechos denunciados.

Durante la audiencia inicial, celebrada el pasado 8 de julio, el agente del Ministerio Público formuló la imputación correspondiente y exhibió los datos de prueba que sustentaban la probable responsabilidad de la acusada. Una vez que la defensa solicitó que la situación jurídica se resolviera de manera inmediata, el órgano jurisdiccional abrió el debate y, tras valorar lo expuesto, emitió el auto de vinculación a proceso.

Como parte de las medidas cautelares, la autoridad judicial impuso a la imputada la obligación de firmar periódicamente, la prohibición de acudir a determinados espacios, así como la restricción de convivir, comunicarse o aproximarse a la víctima; dichas medidas permanecerán vigentes durante toda la tramitación del procedimiento.

De igual forma, el juzgador otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, mismo que vence el próximo 8 de octubre de 2026.

Conforme a las indagatorias, los acontecimientos ocurrieron el 21 de noviembre de 2025 en el área de estacionamiento de una vivienda localizada en la colonia Campo de Golf, en San José del Cabo. Según la investigación, a raíz de una disputa por un cajón de estacionamiento, la procesada se habría apoderado de la placa de circulación del vehículo de la afectada y, posteriormente, profirió amenazas que le generaron temor.

Con los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, el juez determinó dar inicio al proceso penal contra Amber “N”, en tanto continúan las pesquisas para dilucidar por completo lo sucedido.

Finalmente, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, a través de su Unidad de Tramitación Masiva de Casos en San José del Cabo, refrenda su firme determinación de perseguir todos aquellos actos que vulneran la tranquilidad y el patrimonio de los ciudadanos, actuando siempre con estricto apego a la legalidad y con especial atención a la protección de las víctimas.


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