
Tras un minucioso proceso investigativo y la presentación de pruebas sólidas e irrefutables, se obtuvo que Alexis Eduardo “N” fuera condenado a 18 años y 3 meses de prisión, luego de que en audiencia de procedimiento abreviado aceptara plenamente su responsabilidad penal por el delito de violación equiparada agravada, cometido en agravio de una menor de edad. Los hechos ocurrieron en febrero de 2020, al interior de un inmueble ubicado en la colonia Benito Juárez, en Villa Alberto Alvarado Arámburo, donde el sentenciado perpetró la agresión sexual, transgrediendo con ello el desarrollo psicosexual de la víctima, el cual constituye un bien jurídico tutelado por el marco normativo.
La pesquisa se activó a raíz de la denuncia formal interpuesta ante la instancia correspondiente en el año 2022, lo que llevó a la Unidad de Investigación de Delitos de la Subprocuraduría de Justicia Penal Zona Norte a desplegar todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. La agente del Ministerio Público adscrita al caso coordinó el acopio de pruebas periciales especializadas, entre las que destacan los dictámenes en materia de psicología y medicina forense practicados a la afectada, con la finalidad de consolidar la teoría del caso y acreditar plenamente la responsabilidad del imputado.
Durante la audiencia intermedia, celebrada el pasado viernes 3 del mes en curso, la Representación Social expuso de manera fehaciente los elementos convictivos que vinculaban a Alexis Eduardo “N” con el ilícito. Ante la contundencia de los medios de prueba, la defensa técnica solicitó la resolución del proceso mediante la vía de terminación anticipada, petición que fue admitida por el Juez de la causa. En consecuencia, el órgano jurisdiccional dictó un fallo condenatorio que impone una pena privativa de la libertad de 18 años y 3 meses, además de la reparación integral del daño ocasionado y una sanción pecuniaria consistente en 122 días de multa.
Con esta firme determinación judicial, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur refrenda su inquebrantable compromiso de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de delitos sexuales, actuando con firmeza para llevar ante los tribunales a quienes vulneran la integridad y la dignidad de las niñas, niños y adolescentes en la entidad.
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