• Compradores de predios en los fraccionamientos Olivos Negros 1 y 2 aseguran que los terrenos fueron vendidos con la promesa de contar con servicios básicos, pese a encontrarse en una zona considerada de riesgo e inundación.

LA PAZ (CALIFORNIA) – Acompañado por cuatro personas afectadas, el abogado Miguel Karim Fernández José informó sobre la presentación de una denuncia por un presunto fraude inmobiliario que podría involucrar a entre 60 y 70 familias que adquirieron terrenos en los fraccionamientos Olivos Negros 1 y 2, en la capital de Baja California Sur.

Durante una entrevista realizada afuera de las oficinas del Centro de Justicia Penal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el representante legal explicó que los compradores celebraron contratos de promesa de compraventa o de arrendamiento con opción a compra con la empresa Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Empresarial, S.A. de C.V.

De acuerdo con los denunciantes, los predios fueron comercializados por aproximadamente 150 mil pesos, bajo el ofrecimiento de que serían entregados con infraestructura de agua potable, drenaje y energía eléctrica.

Sin embargo, el pasado 30 de junio, el organismo operador de agua habría informado a los propietarios que no era posible introducir dichos servicios, debido a que el desarrollo se encuentra en una zona de riesgo e inundación, además de que no está municipalizado y sería considerado un asentamiento irregular.

Los afectados señalaron que esta situación representa un peligro para quienes ya construyeron o habitan en el lugar, pues durante la temporada de lluvias se han registrado inundaciones que dañan viviendas y pertenencias.

Detectan posibles anomalías en contratos y escrituras

La defensa manifestó que los primeros contratos se remontan a 2013, aunque las escrituraciones comenzaron a formalizarse entre 2023 y 2025. Según la denuncia, en algunas escrituras se habrían registrado operaciones por cantidades de entre 30 mil y 45 mil pesos, pese a que los compradores aseguran haber pagado alrededor de 150 mil pesos.

También se cuestionan cláusulas contractuales que, presuntamente, favorecen de manera desproporcionada a la parte vendedora. Una de ellas establecería que, después de tres mensualidades atrasadas, el comprador perdería todo el dinero aportado, aun cuando hubiera cubierto hasta el 90 por ciento del valor del predio.

El abogado indicó que algunas operaciones de escrituración fueron tramitadas mediante las notarías públicas número 5, con sede en Ciudad Constitución, y número 26.

Señalan a representantes de la sociedad vendedora

Los denunciantes identificaron a Lavinia Núñez Amao y Ramiro Ruiz Flores como representantes y apoderados de la sociedad involucrada, quienes, según su versión, recibirían los pagos y realizarían las gestiones relacionadas con las escrituras.

Los afectados solicitaron investigar las circunstancias en las que se autorizó la lotificación y se asignaron claves catastrales a terrenos ubicados en una zona señalada como de riesgo. Asimismo, pidieron revisar si dichas autorizaciones se concedieron durante el periodo en que las personas mencionadas ocuparon o buscaron cargos públicos.

También aseguraron que la promoción de terrenos y viviendas continúa por medio de trípticos, lonas y otros materiales publicitarios, pese a las dificultades para instalar los servicios básicos.

Presentan denuncia penal y preparan acciones civiles

Miguel Karim Fernández José precisó que la movilización no tiene fines políticos y que el propósito de las familias es recuperar su patrimonio y esclarecer las posibles irregularidades.

La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público por el probable delito de fraude inmobiliario. De manera paralela, los afectados preparan acciones por la vía civil para impugnar cláusulas contractuales y reclamar por posibles vicios ocultos en los inmuebles.

Finalmente, solicitaron a las autoridades investigar el proceso mediante el cual se permitió la creación del desarrollo, determinar responsabilidades y emitir una alerta preventiva para evitar que más familias adquieran propiedades en condiciones similares.

Hasta el momento de esta publicación, las personas y la sociedad señaladas no han fijado públicamente una postura sobre las acusaciones. Los hechos deberán ser investigados por las autoridades competentes, respetando en todo momento el derecho de audiencia y la presunción de inocencia.