La Paz (California) — La Casa Cuna-Casa Hogar del DIF Estatal, ubicada en la colonia 8 de Octubre de La Paz, vuelve a colocarse en el centro de la polémica por las constantes salidas no autorizadas de adolescentes que se encuentran bajo resguardo de la institución.

De acuerdo con reportes recientes, en lo que va del año se han registrado al menos tres episodios de “egreso no planificado” de menores de edad, algunos de ellos en condiciones de riesgo, pues se ha señalado que en ocasiones las adolescentes han llegado a lanzarse desde la segunda planta del inmueble, exponiendo su integridad física e incluso resultando lesionadas.

La situación ha generado preocupación pública, debido a que se trata de niñas y adolescentes que se encuentran bajo la custodia y responsabilidad del Estado, por lo que estos hechos evidencian la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad, supervisión y atención especializada dentro del centro asistencial.

El caso más reciente ocurrió el pasado 18 de junio, cuando seis menores de edad, de entre 14 y 16 años, se retiraron del lugar sin autorización luego de participar en una práctica de natación, según confirmó el gobernador Víctor Castro Cosío.

“Son adolescentes que no quieren estar en la casa, pero la ley nos obliga a atenderlas; es un asunto delicado”, declaró el mandatario estatal al reconocer que este tipo de situaciones se han presentado de manera reiterada.

Castro Cosío aseguró que, en casos anteriores, las menores han sido localizadas con bien y posteriormente regresadas a la Casa Hogar. Sin embargo, admitió que el problema persiste.

“Seguido recurren a evadirse y vuelven, pero no se trata de eso; se trata de aplicar la ley. Tienen todos los cuidados ahí”, expresó.

Sobre el hecho más reciente, el gobernador explicó que las adolescentes se encontraban bajo supervisión durante una clase de natación cuando decidieron retirarse. Añadió que el personal encargado de vigilarlas no cuenta con facultades para impedir físicamente su salida, ya que —dijo— hacerlo podría constituir una violación a sus derechos humanos.

Tras la desaparición temporal de las seis adolescentes, la Procuraduría General de Justicia del Estado activó el Protocolo Alba para su localización. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si todas ya fueron ubicadas.

El gobernador también señaló que, en eventos anteriores, algunas menores han sido encontradas con familiares y que, después de algunos días, regresan al centro asistencial.

No obstante, la reiteración de estos hechos mantiene abierto el debate sobre la capacidad del Gobierno del Estado para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, acompañamiento psicológico, contención institucional y protección integral a las niñas y adolescentes que tiene bajo su cuidado.