Ciudad Constitución (California) — Dos hombres fueron sentenciados a 32 años de prisión tras ser encontrados culpables de intentar asesinar a elementos de la Policía Estatal Preventiva en Ciudad Constitución, luego de atacar a balazos una unidad oficial en la que se encontraban cuatro agentes en servicio.

La resolución fue emitida este martes 2 de junio de 2026, durante la audiencia correspondiente a la etapa de individualización de sanciones y reparación del daño dentro del juicio oral seguido en contra de Ramón Trinidad “N” y Jesús Manuel “N”.

El Tribunal de Enjuiciamiento determinó imponer a ambos la pena de 32 años de cárcel por el delito de homicidio doloso en grado de tentativa acabada, cometido en agravio de servidores públicos pertenecientes a una corporación policial.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, a través de agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delito de Homicidio Doloso de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto, las pruebas presentadas durante el proceso permitieron acreditar la responsabilidad penal de los acusados.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:44 horas del 1 de agosto de 2025, frente a un domicilio ubicado en las calles Lorenzo M. Viuda de Tapia y El Cardón, en la colonia La Esperanza, en Ciudad Constitución.

Según la investigación, al sitio arribó un vehículo Hyundai Santa Fe, color guinda, tipo vagoneta, sin placas de circulación. De la unidad descendió Ramón Trinidad “N”, del lado del conductor, quien accionó un arma de fuego corta en cuatro ocasiones. Al mismo tiempo, Jesús Manuel “N” bajó del lado del copiloto y disparó en tres ocasiones con otra arma corta.

Ambos sujetos dirigieron los disparos contra una unidad oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en la que se encontraban cuatro elementos de la Policía Estatal Preventiva realizando sus labores.

La autoridad ministerial sostuvo que los agresores ejecutaron actos directos con la intención de privar de la vida a los policías estatales; sin embargo, el ataque no se consumó debido a la reacción oportuna y profesional de los agentes, quienes lograron someterlos mediante el uso legítimo de la fuerza y detenerlos en el lugar.

Además de la pena de prisión, el Tribunal ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles, negó cualquier beneficio legal y los condenó al pago genérico de la reparación del daño.

Con esta sentencia, las autoridades destacaron la importancia de sancionar con firmeza las agresiones armadas contra servidores públicos encargados de la seguridad, especialmente cuando se trata de ataques directos contra elementos policiales en cumplimiento de su deber.