La mañana de este jueves, la activista del partido político Somos Mx, licenciada Azucena Meza, encendió las alertas al detectar un camión de carga con logotipos oficiales del Ayuntamiento de La Paz arribando al puerto de Cabo San Lucas, por la carretera escénica.

El hecho fue documentado por la propia activista a través de una transmisión en vivo en su perfil de Facebook, donde cuestionó públicamente qué hacía una unidad oficial del municipio de La Paz circulando en Los Cabos, un municipio distinto y en un contexto político especialmente sensible.

La pregunta no es menor. En Baja California Sur se ha señalado de manera insistente que la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, pasa buena parte de la semana en el municipio de Los Cabos, presuntamente realizando actividades de posicionamiento político anticipado rumbo a una eventual candidatura de MORENA a la gubernatura del estado.

Por ello, la presencia de un camión oficial del Ayuntamiento de La Paz en Cabo San Lucas abrió de inmediato la especulación: ¿se trataba de una unidad utilizada para trasladar materiales, personal o apoyos vinculados a actividades políticas? De confirmarse un uso electoral de un vehículo oficial, el caso podría configurar una falta grave e incluso un delito relacionado con el uso indebido de recursos públicos.

Sin embargo, horas más tarde, la propia Azucena Meza informó que fue contactada por el secretario general del Ayuntamiento de La Paz, Jehú Vázquez, quien le explicó que el camión se había trasladado a Los Cabos para recoger un “donativo muy importante”. Según la versión oficial, al no haber otra unidad disponible, se utilizó ese vehículo, bajo el argumento de que se trataba de una actividad estrictamente institucional y sin relación alguna con campañas, promoción política o actos anticipados de MORENA.

La aclaración, aunque necesaria, no cancela el fondo del cuestionamiento. En tiempos electorales, o preelectorales, los gobiernos están obligados no sólo a actuar conforme a la ley, sino también a cuidar las formas. El uso de vehículos oficiales fuera de su jurisdicción debe estar plenamente justificado, documentado y transparentado, precisamente para evitar sospechas de desvío de recursos públicos.

Si el traslado fue institucional, el Ayuntamiento de La Paz tendría que informar con claridad qué tipo de donativo se recogió, quién lo entregó, a qué dependencia fue destinado, quién autorizó el viaje, qué comisión oficial se generó y cuáles fueron los gastos derivados del traslado.

Porque en política, especialmente cuando hay aspiraciones anticipadas y promoción territorial, la opacidad siempre alimenta la sospecha. Y aunque la explicación oficial apunta a una diligencia administrativa, la ciudadanía tiene derecho a exigir pruebas, no sólo versiones.