La Paz (California) — La detención de un vendedor de elotes en la capital del estado encendió una fuerte crítica desde el Congreso local, luego de que la diputada del Partido Acción Nacional, Lupita Saldaña Cisneros, condenara el operativo policiaco realizado contra un trabajador del comercio informal, al considerar que se trató de un acto desproporcionado, violento y contrario al trato digno que debe garantizar la autoridad.

El hecho ocurrió el pasado 26 de abril, cuando cuatro elementos de la policía municipal detuvieron a un comerciante ambulante, presuntamente “con lujo de violencia”, además de retirarle su herramienta de trabajo e imponerle una multa superior a los 4 mil pesos. La escena, difundida en redes sociales, provocó indignación entre ciudadanos que cuestionaron la fuerza utilizada contra una persona dedicada a ganarse la vida en la vía pública.

Desde tribuna, Saldaña Cisneros calificó el caso como un ejemplo alarmante de abuso de autoridad y de una preocupante desviación en las prioridades del gobierno municipal. Señaló que resulta inadmisible que, mientras La Paz enfrenta problemas graves de inseguridad, deficiencias en servicios públicos y crisis recurrentes en el suministro de agua potable, se destinen cuatro policías a detener a un vendedor de elotes.

La legisladora fue más allá y cuestionó con dureza el criterio de la administración local. De manera irónica, afirmó que en La Paz “parece ser que está más penado vender elotes que pintar bardas con recursos de dudosa procedencia”, en referencia a lo que consideró una aplicación selectiva, injusta y políticamente conveniente de la autoridad.

Durante su intervención, la diputada también defendió la dignidad del comercio ambulante, al recordar que su propia historia familiar está ligada a ese trabajo. Relató que, hace cerca de cinco décadas, su familia llegó al valle de Santo Domingo y que fue gracias al esfuerzo honesto de su padre como vendedor de elotes que ella y sus hermanos pudieron tener techo, alimento y educación.

En ese sentido, sostuvo que criminalizar a quienes trabajan en la vía pública no resuelve el problema del ordenamiento urbano ni dignifica la función pública. Por el contrario, expuso, exhibe una autoridad insensible que actúa con fuerza frente a los más vulnerables, pero que muchas veces se muestra omisa ante delitos que realmente lastiman a la ciudadanía.

Saldaña Cisneros denunció además que la detención habría vulnerado derechos humanos básicos del comerciante, entre ellos el derecho a un trato digno, a la no discriminación y al debido proceso. Por ello, exigió que la actuación policial sea revisada y que se refuerce la capacitación de los elementos municipales en materia de derechos humanos.

La diputada también criticó la respuesta del Ayuntamiento de La Paz, que intentó justificar el operativo con base en un reglamento de 1995. De acuerdo con la legisladora, dicha explicación resulta insostenible, ya que el marco normativo ha sido reformado, como consta en el boletín oficial. Ante ello, acusó a las autoridades municipales de mentirle a la sociedad o, en el mejor de los casos, de actuar con profunda irresponsabilidad al desconocer la normativa vigente que están obligadas a aplicar.

La representante popular sostuvo que la ciudadanía espera ver acciones contundentes contra quienes roban casas, vehículos o cometen delitos que afectan directamente la seguridad de las familias, no imágenes de un vendedor ambulante rodeado por policías como si representara una amenaza mayor para la ciudad.

Finalmente, Saldaña Cisneros llamó a replantear la estrategia municipal frente al comercio en la vía pública. Subrayó que el orden no se construye mediante detenciones arbitrarias ni operativos intimidatorios, sino a través del diálogo, la conciliación, la actualización normativa y la búsqueda de soluciones justas para quienes dependen del trabajo diario.

“La solución para ordenar el comercio en la vía pública es conciliando los intereses y las propuestas, no deteniendo personas”, sentenció la legisladora, al exigir una policía que oriente y proteja, no una corporación que reprima a quienes solo buscan llevar sustento a sus hogares.