La Paz (California) — La detención de un vendedor de elotes en la zona del malecón de La Paz encendió una nueva controversia pública en torno al actuar de la Policía Municipal y la política del Ayuntamiento hacia el comercio ambulante. El caso, ampliamente comentado en Facebook, ha generado una ola de críticas ciudadanas dirigidas principalmente a la alcaldesa Milena Quiroga Romero, a quien usuarios señalan por permitir operativos considerados excesivos contra personas que buscan ganarse la vida en la vía pública.

El episodio reavivó una discusión sensible para la capital sudcaliforniana: cómo conciliar el orden urbano, la seguridad y la regulación comercial con el trato digno a vendedores ambulantes, especialmente cuando se trata de trabajadores informales que dependen de sus ventas diarias.

Ante la polémica, Jennifer Romero, directora de Comercio Municipal, explicó que el Reglamento Municipal para el Comercio en Vía Pública, vigente desde 1995, establece dos figuras para este tipo de actividad: comercio ambulante y comercio semifijo. Sin embargo, precisó que ninguna de estas modalidades está permitida dentro del llamado primer cuadro de la ciudad.

Dicha zona comprende el polígono que va del Paseo Álvaro Obregón, en el malecón, hasta la calle Ignacio Altamirano, y de 5 de Febrero a Morelos. De acuerdo con la funcionaria, esta restricción no es reciente, sino una disposición que se mantiene con el argumento de preservar el orden en el centro histórico y turístico de La Paz.

Romero sostuvo que los vendedores ambulantes pueden trabajar en otras áreas de la ciudad, siempre que cuenten con el permiso correspondiente. En el caso de los comerciantes semifijos, indicó que deben apegarse al horario autorizado por la Dirección de Comercio y retirar sus estructuras o puestos al concluir la jornada.

La funcionaria añadió que, dentro del primer cuadro, el comercio permitido es principalmente el establecido en propiedad privada. También mencionó que la Ley de Hacienda contempla la posibilidad de utilizar una extensión de la vía pública, pero bajo condiciones reguladas y vinculadas a negocios formalmente establecidos.

Por su parte, el tesorero municipal, Jassiel Enríquez Varela, informó que actualmente solo existen entre 10 y 12 vendedores ambulantes regularizados en el municipio. Adelantó que en los próximos días se realizarán mesas de trabajo para avanzar en el empadronamiento de comerciantes interesados en formalizar su actividad.

El funcionario rechazó que el objetivo del Ayuntamiento sea recaudatorio, al señalar que los pagos por permisos son mínimos. Según explicó, por aproximadamente 20 días de trabajo los vendedores pagan menos de 100 pesos, por lo que el tema, dijo, responde más a criterios de orden y seguridad que a ingresos municipales.

No obstante, la explicación oficial no ha logrado contener el malestar social. En redes sociales, ciudadanos han cuestionado la proporcionalidad de la intervención policial y han pedido al gobierno municipal mayor sensibilidad en el trato hacia quienes ejercen el comercio informal. Para muchos usuarios, el caso del elotero representa una señal de endurecimiento contra sectores vulnerables, mientras que otros consideran necesaria una regulación clara para evitar el desorden en zonas de alta afluencia turística.

El Ayuntamiento de La Paz aseguró que mantiene disposición al diálogo con comerciantes que busquen regularizarse. Sin embargo, la polémica deja sobre la mesa un reto mayor para la administración municipal: aplicar la ley sin perder de vista el contexto social, económico y humano de quienes dependen de la vía pública para subsistir.