La protesta de colonos del asentamiento conocido como Colonia Fundadores terminó convirtiéndose en uno de los episodios más criticados de los últimos días en Cabo San Lucas, luego de que durante aproximadamente cuatro horas bloquearan el crucero de Constituyentes y Carretera Transpeninsular, a la altura de la plaza de toros La Sanluqueña, una zona estratégica y de altísima circulación vehicular.

Lo que pudo haberse planteado como una exigencia social por servicios básicos terminó por generar un amplio repudio ciudadano, no necesariamente por el fondo del reclamo, sino por la forma en que se decidió presionar a la autoridad: cerrando una vía principal, sin rutas alternas reales, afectando de manera directa a trabajadores, familias, transportistas, turistas, comerciantes y empresas que nada tenían que ver con el conflicto.

La reacción social no tardó. En redes, en conversaciones públicas y entre automovilistas atrapados en el caos, el sentimiento dominante fue de enojo, impotencia y rechazo. Y es que bloquear por horas una de las arterias más sensibles de Cabo San Lucas no sólo paraliza la movilidad, sino que además pone en riesgo a terceros en una ciudad donde cada minuto puede ser crucial para una emergencia médica, un traslado laboral o una operación comercial.

Posteriormente, los propios colonos difundieron una disculpa pública dirigida a la ciudadanía. En el mensaje reconocieron que cerrar la vialidad perjudicó a trabajadores, familias, turistas y empresas ajenas a su problema. También admitieron que la decisión fue tomada en un momento de desesperación, luego de no haber sido recibidos en una cita programada en la Delegación, y aceptaron que actuaron de forma equivocada.

En su posicionamiento, los vecinos sostienen que llevan siete años sin acceso a luz y servicios básicos, y afirman que adquirieron sus lotes de buena fe, pero que un conflicto legal con la inmobiliaria derivó en la negativa gubernamental para dotarlos de infraestructura, pese a que consideran que la Constitución los ampara. Aseguran además que no son una invasión, sino familias trabajadoras que luchan por una vivienda digna.

Sin embargo, aunque esa versión puede despertar comprensión en algunos sectores, la realidad es que el método utilizado terminó debilitando su propia causa. Porque cuando una protesta castiga de manera indiscriminada a la población, deja de ser vista como una exigencia legítima y comienza a percibirse como una agresión social. En lugar de sumar solidaridad, provoca hartazgo. En vez de atraer respaldo, siembra distancia.

Ese fue precisamente el saldo político y social del bloqueo: una demanda que pudo haber encontrado eco terminó envuelta en críticas por haber puesto en jaque a toda una ciudad. Cabo San Lucas ya vive de por sí bajo presión por su crecimiento acelerado, su movilidad colapsada y su dependencia de vías saturadas. Bloquear uno de sus puntos neurálgicos, sin contemplar el daño a miles de personas, fue una decisión que inevitablemente iba a encender el rechazo colectivo.

La disculpa pública llega, sí, pero llega después del daño. Y aunque es correcto que los colonos reconozcan su error, también queda claro que la ciudadanía no está dispuesta a normalizar protestas que paralicen la ciudad y comprometan la seguridad de terceros.

En una democracia, el derecho a manifestarse debe respetarse. Pero también debe quedar claro que ninguna causa social se fortalece cuando se atropella el derecho de los demás a transitar, trabajar, atender emergencias o vivir con normalidad. El reclamo por servicios puede ser legítimo; lo que no puede legitimarse es que, para hacerlo visible, se sacrifique la tranquilidad de toda una comunidad.

Al final, la lección que deja este episodio es contundente: la desesperación no justifica todo. Y en una ciudad tan frágil en su movilidad como Cabo San Lucas, cerrar una vía principal no es una simple medida de presión; es una decisión de alto impacto que termina estropeando la vida de miles de personas y dinamitando la simpatía pública hacia quienes la ejecutan.