Cabo San Lucas (California) — Aunque en Baja California Sur ya circulan bardas, mensajes y actos que para muchos ciudadanos huelen claramente a campaña adelantada, el Instituto Estatal Electoral mantiene hasta ahora un saldo de cuatro denuncias recibidas en 2026 y ninguna sanción aplicada.

Según lo expuesto por autoridades electorales, dos de esos recursos ya fueron desechados por falta de elementos, mientras que los otros dos siguen en trámite. El argumento central es que, legalmente, aún no ha comenzado formalmente el proceso electoral de 2027 y, además, para acreditar actos anticipados debe existir un llamado explícito al voto o una promoción vinculada con una candidatura ya definida.

El propio instituto reconoce que analiza más de 80 enlaces sobre eventos y mensajes de actores políticos, así como más de 50 bardas, pero insiste en que por ahora solo puede integrar expedientes y turnarlos al Tribunal Estatal Electoral, que será el encargado de resolver.

En pocas palabras, mientras la promoción política se mueve en la delgada línea de la legalidad, la autoridad electoral admite que todavía no cuenta con bases firmes para castigar, lo que deja abierta la percepción de que en BCS la carrera rumbo al 2027 ya comenzó, aunque oficialmente nadie quiera reconocerlo.