Baja California Sur en riesgo: denuncian despojo territorial y erosión de la soberanía nacional

La Asociación Rescate de los Pueblos, Tradiciones y su Economía, A.C. lanzó una denuncia pública que pone en el centro del debate un problema estructural que rebasa lo ambiental y toca fibras de soberanía, seguridad nacional y derechos comunitarios. De acuerdo con la organización, Baja California Sur atraviesa uno de los procesos de despojo territorial más graves de su historia reciente, ejecutado de forma sistemática y acelerada bajo marcos legales que simulan conservación, desarrollo o protección, pero que —en los hechos— transfieren tierras y bienes estratégicos al capital privado y extranjero.
La Sierra de la Laguna: conservación en el discurso, privatización en los hechos
El foco de la denuncia se ubica en la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna, donde la asociación advierte sobre la adquisición de predios dentro del núcleo protegido por parte de Hermandad en Armonía, agrupación en la que participa Jorge Emilio González Torres, conocido públicamente como “El Niño Verde”.
La operación se presenta como un proyecto de “bajo impacto” y conservación ambiental. Sin embargo, la organización denunciante subraya que cualquier intervención en la Sierra de la Laguna —ecosistema extremadamente frágil— impacta directamente a la flora, la fauna y, de manera crítica, a los mantos acuíferos que abastecen a Los Cabos, Todos Santos, La Paz, Los Barriles y a numerosas comunidades serranas.
El señalamiento es contundente: resulta inaceptable que áreas naturales protegidas pasen a manos privadas cuando la responsabilidad constitucional de su resguardo recae en el Estado mexicano. Ni administraciones pasadas ni la actual han impulsado reformas que cierren la puerta a estas operaciones, pese a proclamarse defensoras de la soberanía nacional.
Opacidad, simulación y exclusión comunitaria
La asociación documenta un patrón reiterado. El 22 de enero de 2026, el proyecto fue presentado en un hotel de Cabo San Lucas, sin consulta previa, libre e informada a las comunidades originarias de la Sierra ni a las organizaciones que históricamente han defendido el territorio. A ello se suma —denuncian— el uso indebido de firmas, videos y registros comunitarios generados en procesos de defensa territorial, hoy manipulados para legitimar proyectos contrarios al interés público.
La crítica se extiende al gobierno estatal, encabezado por Víctor Castro Cosío, al que acusan de omisión sistemática frente a estas irregularidades, lo que —afirman— evidencia una colusión con el capital privado, arropada por un discurso de falsa izquierda.
El trasfondo: minería y captura legal del territorio
La advertencia no es nueva. La experiencia histórica en la región muestra que numerosas asociaciones “ambientales” han funcionado como vehículos de captura territorial para una extracción futura de recursos, particularmente minería, una amenaza latente y documentada en la Sierra de la Laguna. La organización recuerda antecedentes de intereses similares vinculados a Ricardo Salinas Pliego y Cristina Walton, lo que refuerza la tesis de una estrategia sistemática, no de casos aislados.
Exigencia al Estado mexicano
La Asociación Rescate de los Pueblos exige atender con urgencia dos frentes que —sostiene— operan como mecanismos legales de despojo:
- Áreas Naturales Protegidas administradas o controladas por intereses privados, y
- Planes de Desarrollo Urbano que facilitan la especulación inmobiliaria.
Para frenar el proceso, proponen una medida de fondo: un decreto presidencial que recupere el control del territorio para la Nación, retirándolo del capital privado y extractivista, sea nacional o extranjero.
Llamado a la Presidencia
La organización afirma contar con un análisis jurídico exhaustivo del entramado constitucional y legal que permite este despojo y solicita una reunión directa con la Presidencia de la República para exponer cómo opera el mecanismo político-legal y ponerle fin.
El mensaje final no admite ambigüedades: este no es un asunto local. Es un tema de soberanía, seguridad nacional y defensa del patrimonio de México.
Baja California Sur no está en venta.
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