La Paz (California) — Lourdes Márquez Moyrón, presidenta del Comisariado Ejidal de San Vicente de los Planes, hizo un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum para intervenir en un prolongado conflicto agrario que amenaza con despojar a más de 2,000 familias de 584 hectáreas colindantes con el Golfo de California, en un litigio contra la empresa extranjera Boca de la Salina y Punta Arenas.

Contexto crítico:
El ejido, dedicado históricamente a la pesca, agricultura, ganadería y, recientemente, al turismo por su ubicación costera, enfrenta desde 2001 un juicio agrario en el que el Tribunal Superior Agrario ha favorecido reiteradamente a la empresa privada, pese a que los títulos de propiedad del ejido fueron otorgados por el gobierno federal en 1968.

Puntos clave del conflicto:

• 22 años de litigio: El pleito legal busca anular tres títulos de propiedad ejidal de 1993 y apropiarse de terrenos con valor económico y turístico.
• Impacto social: La pérdida de las tierras generaría una «descomposición grave del tejido social», afectando a familias que dependen de estas actividades.
• Acusaciones a gobiernos pasados: Márquez denunció que administraciones estatales y municipales anteriores mantuvieron una relación cercana con la empresa, priorizando «intereses oscuros» sobre los derechos del ejido.

Último recurso:
El ejido interpuso un amparo ante la sentencia del tribunal, confiando en que la reforma judicial vigente garantice un proceso transparente. «Confiamos en que, bajo su liderazgo, se respeten nuestros derechos y se evite esta injusticia», destacó Márquez en la misiva dirigida a Sheinbaum.

Llamado a la acción:
La líder ejidal apeló al «carácter humanista y compromiso con la justicia» de la presidenta, subrayando que este caso simboliza la lucha contra el despojo histórico de tierras a comunidades rurales. «No permitiremos que intereses extranjeros arrasen con nuestro patrimonio», enfatizó.

Cierre esperanzador:
El ejido reiteró su disposición al diálogo y agradeció la atención al caso, enviando un «saludo solidario» de las familias afectadas. La resolución del amparo podría marcar un precedente en la defensa de los derechos agrarios en México.