
POR LIBERAR PLAYAS DENUNCIAN ANTE LA FGR A FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
Por Carlos González Muñoz
Liberar el acceso a una playa puede costarle la cárcel a funcionarios del Ayuntamiento de La Paz, acusados por los particulares involucrados de invadir propiedad privada, según denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República, FGR , por desarrolladores turísticos del municipio paceño.
A pesar de que las playas en México son reconocidas por la propia Constitución Política como públicas y ser una obligación de las instituciones del Estado mantener el acceso libre a estas, autoridades de gobiernos anteriores han permitido que desarrolladores turísticos, abusando de su poder económico y del tráfico de influencias, ignoren el marco normativo del país e impidan el libre disfrute de las playas por parte de la población.
Mario Tomás Sánchez Cadena, representante legal de los propietarios del Rancho Las Cruces, en Los Planes, denunció ante la FGR a los titulares del ayuntamiento de La Paz porque en días recientes acudieron al sitio para liberar un camino que mantenían cerrado, calificando a estos funcionarios de “rateros” porque según su dicho , cuando retiraron los materiales que obstruían el paso se habrían llevado el portón que impedía el libre acceso a la playa.
Convertido en improvisado ecologista y en dudoso defensor del medio ambiente, Sánchez Cadena también los acusó ante la respectiva secretaría de haber destruido la vegetación del lugar.
Aunque en las oficinas de Catastro Municipal se tiene registro de tratarse de un camino vecinal, pero apoyándose exclusivamente en el abuso, la amenaza y en la prepotencia, este señor insiste en impedir que se rectifique una situación anómala y que la mayoría de la población pueda hacer uso y gozar de un bien público como son las playas aledañas al Rancho Las Cruces.
Se trata de un espacio público que fue privatizado por desarrolladores turísticos abusivos y prepotentes, una expropiación solapada por autoridades corruptas y que un individuo carente de patriotismo y escrúpulos, ahora amenaza con encarcelar a trabajadores del ayuntamiento paceño que a diferencia de sus antecesores, a ellos sí le interesa rectificar este ilícito.
Es necesario que la ciudadanía sepa de la amenaza que se cierne sobre funcionarios del ayuntamiento de La Paz porque no podemos dejarlos solos: las playas son de todos y volver a abrirlas al público debe ser una lucha de todos.
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