• Casinos Vemos, Mañas no Sabemos

Antonio Ceja

La proliferación de casinos en nuestro país, especialmente en Baja California Sur, empieza a ser objeto de revisión de parte de la PGR ante la presunción de actos de corrupción en la otorgación de permisos por parte de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Felipe Calderón.

La investigación, dada a conocer superficialmente ayer por Jesús Murillo Karam fue producto de un punto de acuerdo de la cámara de diputados donde se le hace el señalamiento a la PGR de que investigue las condiciones en que se dieron decenas de permisos para la apertura de casinos o casas de juegos en el país.

Considerado un giro negro, los casinos han visto una expansión en algunas zonas de México de manera inmoderada que ya hacía sospechar de presuntos arreglos entre autoridades e inversionistas.

El asunto, es que no solo los empresarios presuntamente compraron voluntades de ex funcionarios de la SEGOB, sino que podría darse el caso de actos de corrupción en algunas entidades municipales especialmente en Los Cabos donde un casino es más rentable.

Es precisamente en Los Cabos y La Paz donde presuntamente pueden darles para atrás a algunos casinos y sería en Los Cabos y quizás en Loreto, donde autoridades municipales se hayan vendido al mejor postor para la apertura de estas casas de apuestas.

En Los Cabos, la empresa dueña de los casinos Sunrise podría estar inmiscuida no solo en corromper a funcionarios de la SEGOB sino también a algunos regidores del gobierno que encabeza Antonio Agúndez Montaño. Los funcionarios habrían aprobado por votación el cambio de uso de suelo para la operación de los casinos Sunrise el año pasado violentando el Plan de Desarrollo Urbano.

En Ciudad Constitución y La Paz, se establecieron al menos uno y dos casinos cuyos permisos federales podrían ser producto de la corrupción federal del sexenio anterior. En Loreto se dio marcha atrás a un casino porque sus operadores fueron presionados para que no fuera inaugurado alegando daños a la sociedad.

La investigación que realiza –desde hace tres meses la PGR-no ha dado mayores resultados. De acuerdo a datos periodísticos, solo dos licencias para casinos se mantienen en suspensión mientras se investiga la manera en que fueron otorgadas. Durante el sexenio de Peña Nieto, no ha sido cerrado ningún casino o casa de apuestas. Solo se recuerda el hecho de que Carlos Hank Rohn –aliado del PRI- había sido detenido por el gobierno calderonista porque se le vinculaba con delitos federales. No pasó nada. Hank Rohn es el principal poseedor de concesiones o permisos para la operación de casas de apuestas en el país con 52 establecimientos. Quizás por ello no se divulgan más detalles de la investigación anunciada por la PGR.

Lo cierto es que el gobierno de Peña Nieto busca la manera de regresar al estado original de las solicitudes de los permisos hoy presuntamente dados bajo la sospecha de la corrupción de la SEGOB del pasado sexenio en vez de castigar a los empresarios que fomentaron los susodichos actos “para agilizar” los trámites respectivos para obtener las licencias. (La Jornada 1 abril 2013) y falta saber si los regidores cabeños o loretanos tiene también vela en este entierro.

Al Aire.
El gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, al reunirse en su despacho con el Director del Centro SCT en la entidad, Luis Alejandro Cruz Olivera, reveló que esa dependencia aplicará 128 millones de pesos para reconstrucción de caminos y carreteras estatales, que resultaron dañados en el año  anterior y que necesitan atención. Covarrubias Villaseñor expuso dijo que se trabaja de manera coordinada con la SCT en el programa de reconstrucción de avenidas primarias de las principales ciudades de la entidad con recursos bipartitos con el FONDEN y el Gobierno del Estado, en donde la administración estatal reconstruye más de 145 tramos dañados por los efectos de los fenómenos climáticos…Pedro Aguilar Bazúa director de turismo municipal informó que La Paz tuvo un 85% de ocupación hotelera en la pasada semana mayor… El SAT alerta a los usuarios que personas ajenas están enviando correos pidiendo datos generales de los contribuyentes. El SAT recomienda no hacer caso a los mismos y acudir a sus oficinas para cualquier aclaración.