• Uzcanga y los malabares políticos de la PGJE

Por Lic. Arturo Rubio Ruíz

La detención del conocido líder de invasores, realizada por la PME en cumplimiento a una orden de aprehensión dictada por el Juez Penal de CSL se deriva de una consignación por el delito de fraude específico agravado.

Los hechos se hacen consistir en que el indiciado comercializó ilícitamente fracciones de un bien inmueble sin tener derecho para ello.

El que se procese a Uzcanga por fraude, posiciona como “víctimas” a los ocupantes del predio conocido como La Ballena, y prácticamente los exonera del delito de despojo.

Al darle ese giro a la resolución, de una indagatoria que se inició por el delito de despojo en agravio del ejido San José del Cabo, se busca una salida política a una cuestión eminentemente jurídica.

Ahora los invasores negociarán con el ejido, serán reubicados, y podrán finalmente comercializar el fruto de su ilícita labor: la invasión sistemática y programada de predios en el Estado.

Esta maquinaria de ocupación de predios ajenos que estructuró Uzcanga, fue “legalmente” protegida, desde septiembre de 2005, cuando el entonces procurador de justicia en el Estado, adhirió a la reforma del Código Penal, un apartado en el que se impedía al Ministerio Público restituir predios invadidos.

Se dijo entonces que esa reforma tenía como objetivo garantizar que la entrega de los inmuebles fuera facultad exclusiva de los jueces, pero en realidad lo que se hizo, fue impedir que los jueces restituyeran los predios invadidos, pues como el Ministerio Público detenta la facultad exclusiva de ejercer la acción penal, si el Ministerio Público no consignaba el expediente, pues el Juez NUNCA podría devolverlo. Y claro, al compadre del entonces gobernador, no se le consignó a pesar de las múltiples evidencias que en su contra se acumularon dentro de las incontables averiguaciones previas levantadas en su contra, y “convenientemente” archivadas en los cajones del olvido de la Procuraduría de Justicia Estatal.

Con ese entrampe legal, el grupo de invasores profesionales se dio a la tarea de invadir predios sistemáticamente, para negociar posteriormente su devolución o adquisición mediante financiamiento oficial.

Es urgente que la actual legislatura regrese al Ministerio Público la facultad de restituir inmuebles afectos a un despojo durante la etapa de Averiguación previa, para evitar que las invasiones, como la de La Ballena y otras tantas, se prolonguen indefinidamente. Para que la Procuraduría no tenga que hacer malabares jurídicos, como los que hizo para consignar por fraude a un líder de invasores.