Por Federico Riestra Castro
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Ante ‘la alternancia política’ que vivimos actualmente, ‘la diferencia de votos’ con la que un alcalde, gobernador o el mismo Presidente de la Republica, ganen en las urnas nos indicará ‘el grado de dificultad’ con el que va a gobernar, y el avance de sus programas y acciones dependerá de su habilidad y la de sus colaboradores.
La ley ordena que gobierne el que obtenga más votos.
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Los movimientos sociales que se han producido con motivo de alguna inversión turística han sido más bien pasajeras -salvo los iniciados para protestar contra la minería-, ya que la industria sin chimeneas ha sabido procesar muy bien las inconformidades de los lugareños, para luego integrarlos como fuerza de trabajo o como prestadores de algún otro servicio turístico al gran visitante que viene del extranjero.
El 2016 será el año de la consolidación de proyectos políticos de variado color y sabor, mientras lo que suceda en el nivel nacional con las elecciones locales que estarán en juego y cuyos resultados impactarán en todos los proyectos presidenciales para bien o para mal, en Baja California Sur el calendario marcará los tiempos del trabajo y los resultados concretos para los gobiernos emanados de Acción Nacional, y para las oposiciones será un tiempo de renovación, que si no lo aprovechan volverán a pasar de noche en el 2018.
El 3 de noviembre pasado y con tan solo 52 días de haber tomado posesión de su cargo de gobernador de BCS, Carlos Mendoza convocó a conferencia de prensa, para, en un acto que llamaría la atención a nivel nacional ya que sería el primero en su tipo, dar a conocer “en abono a la transparencia y el combate a la corrupción”, que había acordado junto con sus principales colaboradores, 46 funcionarios, presentar «tres de tres», refiriéndose a las “declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y la fiscal”, como ya lo había hecho en forma personal al inicio de su campaña, siendo también de los primeros candidatos a gobernador en aceptar el llamado ciudadano de un grupo de intelectuales, académicos, empresarios y otros representativos de la sociedad mexicana agrupados en ‘Transparencia Mexicana’, explicando ante los medios el motivo de su decisión y la de su gabinete.
La XIV Legislatura del Congreso del Estado tiene varias particularidades, entre las que destacaremos tres: La primera producto del exitoso resultado electoral de Acción Nacional que le permite contar con una mayoría holgada de curules, lo que también le da una mayor responsabilidad en la productividad de ese órgano de gobierno; la segunda es que la primera mesa directiva con la que abre su primer año de ejercicio está integrada por legisladores solo del género femenino: Presidenta Diputada Eda Palacios Márquez, Vicepresidenta Diputada Patricia Ramírez Gutiérrez, Secretaria Diputada Norma Alicia Peña Rodríguez, Pro Secretaria Guadalupe Rojas Moreno; y la tercera en cuanto a su integración por la vía electoral, 15 legisladores de mayoría relativa albiazules, un legislador de mayoría relativa del tricolor –el PRI en su mínima expresión territorial-, dos legisladores de representación proporcional tricolores –que son ambos por segunda ocasión diputados, para algunos priistas espacios desperdiciados para otros se aprovechó la experiencia-, un legislador de representación proporcional del PT –partido que ha demostrado que sabe litigar en los tribunales electorales- , y una legisladora de representación proporcional de MORENA –histórica primera posición legislativa de ese partido en Baja California Sur-.
Con la llegada de Arturo de la Rosa Escalante a la presidencia municipal de Los Cabos, también llegaron el orden y la seguridad en el gobierno municipal, para darle certidumbre a la ciudadanía de que hay mando firme en ese destino turístico, porque no se puede tener claridad en los propósitos de un desarrollo integral, si no se tiene orden y seguridad, que son dos calidades necesarias para una gobernanza eficiente en sus resultados.
Por si usted no lo sabe, para que los diputados federales aprobaran el presupuesto para 2016, se les autorizó a propuesta de sus coordinadores, que cada uno “podrá etiquetar 20 millones de pesos” con entera discrecionalidad para sus municipios”, lo que significará multiplicado por ‘los 500’, la cantidad de 10 mil millones del citado presupuesto de egresos, que en total asciende 4 billones 763 mil millones de pesos, aproximadamente.
