Se presentó la iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California Sur, que determina como ejercicio ilícito del servicio público la autorización de licencias de construcción o cambios de uso de suelo que permita la construcción de casas habitación o de edificios con ese mismo fin en zonas de alto riesgo con penas de 3 a 8 años de prisión a los funcionarios culpables de poner en riesgo la vida de las personas y en riesgo su patrimonio familiar. Así lo sentenció la Diputada Lupita Saldaña, quien declaró que las dos últimas semanas han sido para más de 400 familias en el Distrito 8 que representa, días de pena profunda, desesperación e incertidumbre; por la afectación que dejó en sus viviendas el paso de la Tormenta Tropical Lidia.
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