Por Jesús Ojeda Castro

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El embargo de las cuentas al Ayuntamiento de La Paz por parte del Tribunal de trabajadores burócratas es un tema que tendrá que resolverse en el ámbito jurídico y no en el político como se ha tratado de hacer notar por algunos funcionarios municipales que de pronto perdieron de vista su agudeza administrativa en este inicio del 2014. Quedaron en evidencia una serie de carencias que van más allá del ámbito económico.

Para nadie es un secreto que los ayuntamientos de la entidad, como en el resto el país, padecen serios problemas económicos y el de La Paz, no es la excepción, pero que un asunto que se circunscribe estrictamente a lo jurídico-laboral, que sea calificado como un tema de victimización política, es definitivamente un error de cálculo que más temprano que tarde veremos sus consecuencias.
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